Primer pulso por acceso a los secretos de la guerra

La Cámara de Representantes, en comisión primera, inicia la discusión de un proyecto de reforma constitucional presentado por el Centro Democrático, cuya principal propuesta es que ninguna de las instituciones del sistema de justicia transicional –derivado del acuerdo de paz– pueda siquiera pedir información sometida a reserva por el Estado. Quien solicite o entregue material “de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional” será castigado disciplinaria y penalmente, dice la iniciativa.

Así las cosas y de prosperar la ponencia a cargo del representante uribista Óscar Darío Pérez, a las manos de la justicia transicional no llegaría la documentación que reposa en los archivos secretos del Ministerio de Defensa (y demás agencias del Estado que actuaron en la guerra) sobre instrucciones militares, operaciones de inteligencia y contrainteligencia ni “cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la seguridad nacional”.

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Lo que pretende el Centro Democrático es reversar la habilitación que tiene la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión para Búsqueda de Desaparecidos (órganos creados por los acuerdos de paz) para acceder a los archivos secretos del conflicto a fin de emplearlos como insumos en sus respectivas investigaciones. Según lo aprobó la Corte Constitucional los entes de la justicia transicional podrán conocer todo ese cúmulo informativo aunque se trate de información reservada siempre y cuando mantengan la reserva de los mismos. Esa potestad de acceso es la que quiere derrumbar el proyecto que hoy empieza a ser discutido.

En conversación con Semana.com el padre Francisco de Roux, director de la Comisión de La Verdad, aseguró que si llegara a aprobarse tal como está el proyecto este órgano no tendría ningún chance de cumplir con el mandato que lo rige. “Tendríamos que atenernos únicamente a los testimonios de las víctimas, que no bastan para entender las decisiones políticas, ni el comportamiento de las instituciones o el de las mismas FARC pues sobre estas últimas las Fuerzas Armadas levantaron información indispensable” dijo.

La exposición de motivos que sustenta el proyecto es abiertamente beligerante hacia la Comisión de La Verdad de manera exclusiva. Califica de “fantasiosas” las garantías que la Comisión ha ofrecido para impedir que la información no termine filtrada al público o a organizaciones armadas ilegales causando un daño irreparable a la seguridad de Colombia.

El documento señala que la mayoría de los miembros de la Comisión son de izquierda y que muchos de ellos han mostrado consentimiento frente a las atrocidades perpetradas por las guerrillas, lo cual tiende “un manto de dudas sobre la utilización que se pueda derivar de la información a la cual puedan acceder.”

El padre de Roux contra-argumenta que la soberanía estatal en materia de seguridad no se puede oponer al derecho que tienen las víctimas a la verdad pues el Estado está al servicio de la dignidad de la gente.

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Frente a que la información sensible esté segura en manos de la Comisión, de Roux asegura que su institución se encuentra en conversaciones con el Ejército y hablará con varias otras entidades del Estado para poder garantizar lo que tenga que ser garantizado. “Estamos preparando los sistemas del manejo de datos y los protocolos de protección de la información y no recibiremos documentación reservada hasta que estemos en capacidad de dar todas las garantías,” explicó. Además, informó que la Comisión está en búsqueda de una institución estatal que pueda servir de garante de la efectividad de todos esos procesos.

La comunidad internacional estará muy encima de que la justicia transicional colombiana llegue a la verdad pues su sistema está enteramente basado en ella, explica el Padre. “Si se obstaculizaran los procesos que la JEP y la Comisión tiene que desplegar por quedar privados del acceso a la verdad, lo que uno podría esperar es una intervención de la Corte Penal Internacional”.

En todo caso, el camino que tiene que recorrer una iniciativa parlamentaria para reformar la Constitución es bastante complejo: el proyecto debe ser debatido en dos vueltas en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, es decir, deberá superar ocho debates en un lapso de dos periodos legislativos consecutivos. Superado ese exigente requisito, el asunto quedaría en manos de la Corte Constitucional donde no se puede augurar una aprobación pues el máximo tribunal bendijo las atribuciones y alcances con que actúa el sistema de justicia transicional. No es muy probable que la corte se desdiga, en caso de que el proyecto llegue a sus manos.

En síntesis, el proyecto no tiene el camino despejado, todo lo contrario. Lo que sí está garantizado es un debate punzante. El proyecto será defendido por el uribismo y organizaciones como la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares que ha reiterado que hay información extremadamente sensible que no puede ser entregada “nos sabemos qué pueden hacer con esa información” , dijo el general retirado Jaime Ruiz, presidente de Acore. De este lado se escucharán también los argumentos del ponente y Representante Pérez: “Yo no creo que para satisfacer los derechos de las víctimas la Comisión de la Verdad necesite saber cómo protege el Ejército la frontera”. Y agrega: “¿Acaso la Comisión es una institución a la que Colombia le tenga que rendir pleitesía?, que se dedique a sus funciones”.

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Justamente la nuez de la discusión está en que la Comisión y demás órganos de la justicia transicional tienen la misión de recabar en las razones del conflicto para establecer quiénes son los principales responsables y qué se debe hacer para garantizar que el país no repita, una vez más, esos patrones de violencia. Y para cumplir con esa labor comisionados y magistrados fueron dotados de instrumentos como el acceso a la información reservada. Esa es la discusión. El pulso arranca hoy.