Nación
Procuraduría demandó el convenio que firmó la Cancillería y la Imprenta con Portugal para el nuevo modelo de pasaportes
El procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, fue el encargado de presentar la demanda.
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La Procuraduría General de la Nación demandó los dos convenios que firmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia con el Gobierno de Portugal, para implementar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia.
El procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, presentó la demanda de 37 páginas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las controversias contractuales que se han presentado y aclaró que la pretensión es declarar nulidad absoluta del contrato estatal.
En el documento se refleja que dicho convenio, firmado el pasado 28 de julio de este año, tiene un valor que supera un billón de pesos, para que Portugal establezca reglas de cooperación y participación en el proceso de transferencia de conocimiento y puesta en marcha del nuevo modelo de pasaportes.
Sin embargo, la demanda de la Procuraduría señala que: “La justificación de este convenio se basó en la aplicación del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, relativo a la contratación con organismos internacionales. Sin embargo, se verificó que los aportes de la Imprensa - Casa da Moeda de Portugal solo correspondían al 21 % del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50 %“.
Asimismo, expuso que, pese a no cumplirse con los presupuestos normativos, se omitió adelantar un proceso competitivo, lo que desconoció los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad.
“La Imprenta Nacional de Colombia no contaba con la capacidad técnica y operativa para ejecutar directamente el objeto contractual, limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa da Moeda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”, advirtió la Procuraduría.
El ente de control también confirmó que durante las visitas preventivas a las entidades involucradas en este millonario negocio, se contactó la ausencia de estudios del sector, así como la carencia de una justificación detallada sobre la necesidad contractual. De hecho, hay documentos sin firmas de responsables y no cumplían las etapas exigidas.
La Procuraduría también explicó que durante la sesión de la junta directiva de la Imprenta, donde se aprobó la suscripción del convenio, “se encontraron graves irregularidades: citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros”.
El procurador Melgosa le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordene a la empresa extranjera contratista que devuelva el dinero que ha recibido hasta el momento por este convenio y presente un informe para lograr una actualización de esa devolución monetaria.
El recurso aclara que las partes demandadas son la Cancillería, representada por la ministra Rosa Villavicencio, la Imprenta Nacional, dirigida por Viviana León, y la Imprenta Nacional - Casa da Moeda S.A. de Portugal, dirigida por Dora María Dos Santos Ferreira.
