FALLO
La indignante defensa de la Policía en los estrados por la toma de Mitú
Para librarse de la reparación, pretendía responsabilizar a las víctimas por vivir y trabajar en una zona de conflicto. Al final, el Consejo de Estado condenó a la institución por $2.300 millones.
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De “insensible” calificó el Consejo de Estado la manera como la Policía pretendió negar su responsabilidad patrimonial por la toma de Mitú, pues la institución culpó a los propios habitantes de esa capital por haber decidido residir cerca de un lugar vulnerable como la estación de la Policía o desarrollar allí proyectos económicos durante aquella época.
Con esas observaciones, la Sección Tercera aprobó una providencia en la que el magistrado Danilo Rojas estableció que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional debían pagar más de 2.300 millones de pesos a los familiares de un grupo de personas que fueron asesinadas durante la cruenta toma que protagonizaron centenares de guerrilleros de las FARC, en 1998, en la segunda condena contra la Nación por los mismos hechos.
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El primero de noviembre de ese año, los alzados en armas buscaron demostrarle al gobierno del presidente Andrés Pastrana que estaban en capacidad de poner en jaque a las instituciones. Con 1.200 de sus militantes, desplegaron una ofensiva que dejó a 16 policías muertos y a 61 más secuestrados.
Con cilindros bomba de los insurgentes destruyeron la estación de Policía y causaron numerosos destrozos en viviendas y algunos locales comerciales humildes que funcionaban en el lugar.
La población, que apenas era protegida por 70 policías y que no contaba con presencia del Ejército, estuvo a salvo gracias a que tropas de la Cuarta Brigada lograron partir hacia el municipio, autorizadas excepcionalmente por el gobierno de Brasil desde Iquibarre, del otro lado de la frontera.
Entre las acciones violentas que realizaron los insurgentes, ese día de triste recuerdo para los lugareños, los guerrilleros ingresaron a una vivienda y, lista en mano, hicieron salir a los integrantes de una familia a los que asesinaron.
Sus familiares interpusieron una demanda de reparación directa, que fue conocida por el Consejo de estado, con la esperanza de que las Fuerzas Militares, la Policía y el Ejército asumieran los costos de tanto sufrimiento.
