Martha Dolores López de Vargas, Jorge Enrique Vargas Garzón, Viviane Arlette Vargas López e Yvinne Natalia Vargas López, víctimas reconocidas por hechos que son atribuibles a la extinta guerrilla de las Farc, como por ejemplo el atentado al Club El Nogal, solicitaron la apertura formal de un incidente de verificación del régimen de condicionalidad respecto a los comparecientes que integraron el secretario del grupo armado.
Esta solicitud se realizó por medio del abogado Bernardo Henao Jaramillo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por un supuesto incumplimiento grave y prolongado de las obligaciones de reparación de los firmantes del acuerdo de paz.
Todo está relacionado con la reparación material asociada a la obligación de entrega efectiva de bienes para resarcimiento. En el documento se indica que esto se produce dadas las inconsistencias que han sido señaladas por los organismos de control y el impacto real que esto tiene sobre las medidas reparadoras para las víctimas.
Estas presuntas irregularidades fueron alertadas, por ejemplo, por la Contraloría General de la República, que hace unos días dio a conocer un informe en el que se precisa que los comparecientes entregaron dólares falsificados y, además, no habían dado ni la mitad de números de inmuebles y bienes que se estipularon en su momento.
“El mismo seguimiento institucional divulgado señala que existen faltantes significativos para financiar el componente de reparación derivado de decisiones tempranas de la propia jurisdicción, situación que se agrava si los bienes reportados por los comparecientes no son localizables, transferibles o monetizables”, argumentó el jurista.
Todo esto, según expresó, genera una revictimización hacia las personas que sufrieron por cuenta de los crímenes cometidos por esta guerrilla.
Asimismo, comentó que el transcurso del tiempo en el que se ha incumplido lo pactado incrementa la gravedad del asunto, puesto que muestra una ausencia de resultados y compromete la buena fe debida en justicia transicional.
“La justicia transicional no puede sostenerse sobre un estándar de indulgencia indefinida frente al incumplimiento de obligaciones esenciales. La reparación material no es decorativa y el deber de contribuir con bienes reales para reparar a las víctimas constituye un mínimo ético y jurídico que condiciona la permanencia en el sistema”, dice el documento.
Por lo anterior, las víctimas piden que se abra un incidente de verificación del régimen de condicionalidad contra quienes fueron el secretariado de las Farc por supuestamente incumplir este aspecto.
De igual manera, se pidió que se tomen como pruebas los informes que han hecho algunas entidades, como la Contraloría, donde se evidencian estos incumplimientos.
Además, solicitaron que se decreten medidas de verificación judicial, mediante requerimientos concretos a los comparecientes y/o entidades que correspondan, para poder establecer el estado real del inventario, la entrega efectiva, la localización y la monetización del componente patrimonial destinado a la reparación.
Por último, pidieron que se garantice la participación efectiva de las víctimas en este proceso y, una vez el trámite sea surtido, se adopten decisiones de fondo, como por ejemplo la pérdida de beneficios y otras consecuencias que se puedan dar por este incumplimiento.