La Fiscalía General de la Nación judicializó a Julián Andrés Ramírez Pérez, conocido como alias El Flaco, por su presunta participación en la planeación de un atentado terrorista que pretendía ejecutarse en el centro de Bogotá, el 3 de junio de 2025.
Según el ente acusador, el hombre habría entregado una bomba tipo lana a un menor de edad, con instrucciones para instalarla en un vehículo que se movilizaría por la localidad de Teusaquillo.
La diligencia judicial se llevó a cabo este jueves 15 de enero, cuando la Fiscalía presentó el caso ante un juez penal de control de garantías. De acuerdo con la investigación, Ramírez Pérez habría actuado en compañía de una mujer, con quien trasladó el artefacto explosivo oculto dentro de una maleta hasta una cafetería del sector.
En ese lugar, el explosivo fue entregado a un adolescente, a quien se le indicó que debía instalarlo en un vehículo que transitaría por el sector.
El atentado no llegó a ejecutarse. Los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades indican que el menor se abstuvo de ubicar el artefacto en el sitio indicado al notar la presencia de unidades de la Policía Nacional en la vía pública, lo que impidió que el plan criminal se concretara.
Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá imputó a alias El Flaco los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Durante la audiencia, el hombre no aceptó los cargos y su situación jurídica quedó en manos del despacho judicial.
La Fiscalía indicó, además, que Ramírez Pérez haría parte de una red delincuencial con presencia en distintos sectores de Bogotá, dedicada a homicidios bajo la modalidad de sicariato y a la venta de estupefacientes al menudeo, entre otras conductas ilícitas.
La entidad también informó que, dentro de la investigación por la planeación del atentado que se pretendía ejecutar ese 3 de junio en el centro de Bogotá, ya había sido judicializada otra persona.
Se trata de Katherine Andrea Martínez Martínez, vinculada al proceso el 20 de noviembre de 2025 y quien permanece privada de la libertad.
Su situación jurídica también está relacionada con otro proceso distinto, correspondiente al homicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en hechos ajenos a esta investigación.
La Fiscalía ha aclarado que, aunque Martínez Martínez figura en ambos expedientes, se trata de casos independientes, con líneas investigativas separadas, y que su vinculación al magnicidio del precandidato responde a circunstancias que no guardan relación con la planeación del atentado que se pretendía ejecutar en el centro de Bogotá.
