La investigación por la desaparición de la joven universitaria Tatiana Hernández, vista por última vez el 13 de abril en el centro histórico de Cartagena, fue reasignada este lunes, 20 de octubre, a una seccional de Fiscalía de Bogotá, según confirmó a SEMANA el abogado Iván Cancino. El traslado se hizo a petición de la familia, que cuestiona el avance y el manejo del expediente en la seccional de Bolívar.
Tras 190 días sin resultados concluyentes, la decisión representa un cambio de rumbo en una pesquisa que, según los allegados de Tatiana, entró en un “letargo” durante los primeros meses.
La familia, encabezada por Lucy Diaz, ha denunciado falta de avances, filtraciones y omisiones que habrían entorpecido las primeras etapas de la investigación.
¿Qué se sabe del caso?
Tatiana Hernández, de 25 años y estudiante de Medicina que realizaba sus prácticas en el Hospital Naval de Cartagena, fue vista por última vez la noche del domingo 13 abril. Registros de video la ubican sentada sobre el cinturón de roca que bordea la línea costera, después de caminar por la avenida Santander tras terminar su turno.
Cerca del lugar, según la familia, fueron encontradas sus sandalias y su celular. Desde entonces, las autoridades —la Policía Metropolitana de Cartagena y el cuerpo Técnico de investigación (CTI)— han trabajado en varias líneas de investigación, sin que hasta ahora haya surgido una conclusión definitiva.
Entre las hipótesis que se han manejado formalmente están la desaparición forzada o secuestro y la posibilidad de que la joven se hubiera lanzado al mar. Ninguna de estas líneas arrojó pruebas determinantes que permitan explicar su paradero.
La madre de Tatiana, Lucy Diaz, ha sido una voz constante en las denuncias públicas. Diaz ha afirmado que el proceso en Cartagena “no avanzó” y que se cometieron errores que pusieron en riesgo la investigación. Uno de los señalamientos más graves que ha hecho la familia es la supuesta filtración de una llamada anónima que, según ellos, contenía pistas sobre posibles responsables.
Esa divulgación habría alertado a los implicados y obstaculizado la recolección de pruebas en momentos clave.
La familia también ha reportado llamadas constantes, amenazas y episodios de intimidación durante la búsqueda. En su relato, esos hechos aumentaron la percepción de vulnerabilidad y la necesidad de solicitar que el caso sea asumido por la Fiscalía en la capital del país, con recursos que, a su juicio, podrían no haberse aplicado con la misma intensidad que en la seccional local.
Para este 20 de octubre, se programó una reunión presencial en Bogotá entre los investigadores designados y los familiares, con el objetivo de poner en común el estado actual del expediente y las primeras decisiones adoptadas tras la reasignación.