Piedad Córdoba está contra la pared por un millón de dólares de empresario venezolano, un jet privado y más de 80 consignaciones a sus familiares

Un millón de dólares entregado por un empresario venezolano, un lujoso jet privado puesto completamente a su disposición y el reporte de millonarios movimientos bancarios a sus familiares son algunas de las nuevas evidencias en contra de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, y que forman parte del voluminoso expediente contra la congresista, que fue llamada a indagatoria para responder por delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento y peculado.

SEMANA revela en exclusiva el documento de 61 páginas de la Corte Suprema de Justicia en el que se exponen los argumentos que llevaron, tras años de investigación y negativas de Córdoba a siquiera presentarse ante el alto tribunal para enfrentar formalmente el proceso que la vincula por sus relaciones con las Farc, con el Gobierno de Venezuela desde tiempos de Hugo Chávez, con un gigantesco carrusel de comisiones a cambio de facilitar pagos a empresarios colombianos desde el Gobierno del país vecino, y hasta el uso de funcionarios de su UTL para esas “vueltas”.

El documento es revelador en sus detalles y hay un nombre hasta ahora desconocido: el del empresario venezolano Carlo Balilla Battistini, quien sería el propietario en la sombra de la empresa Led Media Colombia, que, señala, “durante los años 2009 y 2010 financió eventos, sufragó gastos publicitarios, pagó tiquetes aéreos y vuelos chárter para la congresista Córdoba Ruiz, su familia y terceros (…) en razón de la intermediación de aquella en el vecino país, lo que condujo a que tanto su patrimonio, como el de sus familiares más cercanos, se acrecentara sin justificación”.

Justamente sobre Led Media, señala el llamado a indagatoria, que “fue creada, al parecer, con el único fin de ser el vehículo para que Córdoba dispusiera de ellos en favor suyo, en particular a través de gastos en desplazamientos de quienes ella determinara, en la realización de eventos públicos, pago de vuelos privados dentro y fuera de Colombia, o para ser entregados en efectivo a ella directamente o por medio de sus asesores”.

Las pruebas indican que la sociedad Led Media era de propiedad de Carlo Battistini, pero era dirigida por interpuesta persona a través de Nilton Polanco Lasso, y así lo habría confesado este último.

Dicha relación implicaba pagos millonarios, incluso, según lo investigado por la Corte, hablan de uno por un millón de dólares.

“Los compromisos económicos que adquiría Battistini con la senadora Córdoba para que esta, a su vez, prestara sus servicios ante el Gobierno de Venezuela (…) y el acuerdo con el empresario era que entregaría un millón de dólares, los que se invertirían conforme a las necesidades de la aforada”.

Lo más grave es que esa empresa era de papel. Fue justamente Polanco quien prendió el ventilador y dijo que justamente, en los años 2009 y 2010, cuando se dieron las millonarias transacciones, “la empresa no tuvo operación comercial ni reportó gastos”.

“Dineros que, al parecer, en su mayoría, tuvieron como destino los compromisos económicos adquiridos con Córdoba, sin que generara ninguna cuenta por cobrar o acreencia en favor de la compañía”, dice, sin ambages, el documento.

En el expediente de la Corte Suprema aparece otro nombre, no menos importante, el del señalado narcotraficante venezolano Walid Makled García, conocido como el Turco, capturado en Colombia en agosto de 2010, lo que desató una tormenta diplomática; era requerido por Estados Unidos y Venezuela, pero fue entregado a este último país, donde fue condenado a 14 años de prisión.

Una declaración de Makled sobre la relación que sostenían Córdoba y Battistini señala que “ella captaba empresarios colombianos y ella (Córdoba) se los presentaba a Hugo Chávez; por esa presentación cobraba 600 millones de bolívares. Si de esa reunión después el empresario que había sido presentado lograba un contrato, el 10 % era para ellos”.

Y agregó que “me manifestó que estaba financiando varias campañas y una de ellas, de la señora Córdoba, a quien le puso a disposición un jet privado de lujo para moverse a cualquier parte.

No es como ella dijo que era una avioneta, era un jet de lujo. El combustible y todos los gastos como comida, hoteles y lo del jet lo financiaba el señor Battistini, ese jet es de propiedad de él. Ella era la que llevaba empresarios tanto colombianos como venezolanos, estos últimos recomendados por Battistini, y les hacía la cita con el presidente, ella era amiga del presidente Hugo Chávez”.

Sobre el presunto enriquecimiento ilícito, la Corte retoma el tema de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) que ha rodeado a Piedad Córdoba y en el que aparece otro empresario y millonarias exportaciones ficticias. Se trata de Alberto Aroch Mugrabi, señalado por lavado de activos.

“Entre otras operaciones ilegales, las exportaciones ficticias a Venezuela, entramado del que sostuvo que Aroch Mugrabi utilizó los servicios de Córdoba mediante el pago de una comisión del 10 %”, se lee en el documento.

En toda esta trama, un nombre que también ha sonado de manera recurrente es el del excongresista Miguel Pinedo, quien también participó de la intermediación para facilitar los pagos desde Venezuela a cambio de comisiones.

Según su propia declaración, él fue quien intermedió con Aroch Mugrabi “para influir ante el Gobierno venezolano, para el pago de los títulos, lo que llamaban Cadivi, mucha gente acá en Colombia tenía eso, todo eso se escuchó allá en Venezuela, en Colombia mantenían eso cerrado y ella era el vehículo”, explicó Pinedo en otro demoledor testimonio recaudado en la Corte contra Córdoba.

La conclusión plasmada en el documento de la Corte es demoledora: “Se puede afirmar que Córdoba habría adelantado, con el auxilio de Andrés Vásquez (asesor de su UTL), actividades al parecer irregulares que, a la postre, le habrían reportado cuantiosos ingresos, al paso que sus familiares más cercanos reportaron unos movimientos patrimoniales injustificados por cientos de millones de pesos, confrontada la actividad de cada uno”.

Y es que el lío no es solo para la congresista, la Corte tiene en detalle transacciones que enredan a por lo menos 13 familiares: padres, hermanos, hijos y hasta su expareja aparecen como beneficiarios de jugosas consignaciones, por montos cercanos a los 3.000 millones de pesos.

“Se tiene que los informes de policía judicial números 29875-177 y 29875-278, del 1.° de junio y 13 de agosto de 2021, respectivamente, contentivos del estudio patrimonial de la investigada y de su núcleo familiar extendido, arrojaron como resultado ingresos por justificar de sus familiares cercanos, quienes no tenían actividad económica identificada, en particular por la suma de 2.867.136.672 pesos”, señala el documento que discrimina, una a una, más de 80 transacciones con su “núcleo familiar extendido”, un tema que incluso la Corte le pidió a la Fiscalía investigar.

La Corte no deja pasar por alto la simpatía de Córdoba con las Farc y mucho menos sus negocios y muy cercana relación con Álex Saab, el llamado testaferro del régimen de Venezuela, hoy preso en Estados Unidos.

“La senadora Córdoba presuntamente se relacionó, desde el año 2009, con Álex Saab, a quien le pidió apoyo económico para su actividad política a cambio de que adelantara sus buenos oficios ante el Gobierno del presidente Chávez para recuperar dinero en la Cadivi.

Gracias a la relación que se construyó, Saab Morán utilizó una de sus empresas para recaudar las comisiones que Córdoba recibiría por su ilícita gestión en Venezuela”, se lee en el documento. Gran parte de este gigantesco enredo de Córdoba salió a la luz por las denuncias de Andrés Vázquez, miembro de la UTL de la congresista, quien se convirtió en el enlace para los negocios, a tal punto que, señala el documento, “se evidenció que entre 2007 y 2010 permaneció múltiples y extensos periodos en Venezuela, más de 1.000 días, marginado de la UTL a la que pertenecía. Sin embargo, la senadora certificó que había realizado sus labores oficiales, lo que condujo a que se le cancelaran salarios y prestaciones sociales”, por eso la acusación por peculado.

Córdoba ha insistido en que esta investigación no es más que una persecución por sus férreas posiciones políticas, no ha asistido a las citaciones de la Corte Suprema de Justicia y ahora deberá enfrentar el juicio en el que tendrá espacio para su defensa.