orden público
Aterrador: mientras hablan de paz, disidencias de Iván Márquez minaron un laboratorio de coca con más de 100 artefactos explosivos
En el lugar se podían llegar a producir tres toneladas de clorhidrato de cocaína el mes, según informaron las Fuerzas Militares.
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SEMANA reveló en exclusiva recientemente una preocupante radiografía sobre cómo las estructuras criminales de alto impacto estaban retomando la aterradora práctica que utilizó durante décadas la guerrilla de las Farc, con las denominadas minas quiebrapata que han dejado miles de víctimas.
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De esas Farc formó parte Iván Márquez, quien conoce muy bien esta macabra modalidad, que estaría siendo utilizada por sus nuevas estructuras bajo el nombre de la Segunda Marquetalia. En las últimas horas, hombres de las Fuerzas Militares estuvieron apunto de morir si no hubieran detectado los más de cien artefactos explosivos que habían ubicado alrededor de un laboratorio de cocaína en Tumaco, Nariño.
Las minas las habían dejado los criminales para causar gran daño a los integrantes de la fuerza pública que llegaran al sitio. “Tras las continuas tareas tácticas diferenciales empleadas por los soldados, se identificó este complejo ilegal adecuado con artefactos explosivos que se encontraban listos para ser detonados. Cabe mencionar que este laboratorio tenía una capacidad de producción de tres a seis toneladas de clorhidrato de cocaína al mes, y pertenecería a la estructura armada organizada residual Oliver Sinisterra”, dijeron las Fuerzas Militares.
Agregaron que “el hallazgo de esta construcción clandestina se logró con base en información de inteligencia militar. Así mismo, se pudo identificar, a través de investigaciones, que los químicos que allí se encontraban serían distribuidos en diferentes laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína para ser empleados por esta estructura ilegal en la costa del Pacífico nariñense”.
Según la autoridad militar, “con este resultado se logra la afectación económica en 8 millones de dólares que dejarían de ingresar a esta estructura ilegal dedicada al narcotráfico, terrorismo, extorsión y comercio de armas ilegales en el departamento de Nariño”.
Peligro: Colombia se volvió a llenar de minas antipersona; este es el aterrador mapa de los lugares donde los criminales las están sembrando
SEMANA revela un preocupante informe del Ejército que muestra cómo, mientras los criminales negocian la paz total, instalan minas antipersona violando las normas de la guerra. Civiles inocentes caen por decenas, también militares que entregan su vida por salvar otras desminando.
El cabo Helmuth Riaño ocupó el primer puesto en su grupo de explosivos. Su habilidad, conocimiento y, sobre todo, intuición lo convirtieron en un ‘cacao’ para ubicar las minas antipersona que instalan los grupos criminales. Una aberrante práctica que usó durante décadas la extinta guerrilla de las Farc y que heredaron el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias, pero lo peor es el coletazo que marca con la muerte o con una discapacidad de por vida a inocentes.
Según el informe del Ejército, conocido por SEMANA, entre marzo de 2022 y febrero de 2023 se registraron en el país 93 incidentes con minas antipersona y municiones sin explotar. El resultado es aterrador, son 131 nuevas víctimas entre heridos y muertos, sin importar a qué bando pertenecen o si la guerra les llegó a sus casas sin ser parte de ella.
De estas 131 inhumanas acciones criminales, seis de cada diez víctimas fueron civiles. Seis fueron menores de edad, cuatro fueron mujeres y niñas, y el 26 %, es decir 34, fueron víctimas indígenas y afrocolombianas. Riaño se graduó con honores y fue designado para una arriesgada misión en el Bajo Cauca Antioqueño, zona que hoy está en una crisis de orden público y donde hace apenas unos días se dio el violentísimo paro minero que por semanas paralizó la región, y tuvo en la trasescena la guerra a muerte entre el ELN y el Clan del Golfo.
Su trabajo era localizar y destruir artefactos explosivos en los municipios de Cáceres y Zaragoza, que, según el Ejército, están en alerta por la cantidad de minas que han instalado y que ahora impregnan con excremento y ácido para hacerlas más mortales e incluso producir gangrena, violando los protocolos del derecho internacional humanitario.
Además, por si fuera poco, ahora están usando elementos plásticos en su elaboración para evitar que los detectores de metal las puedan encontrar. Así, las peligrosas y ahora imperceptibles minas quedarán sembradas por años hasta que caiga una víctima, no importa si es civil, militar, enemigo del grupo que la puso, o incluso si se concretó la lejana paz total.
El militar, gracias a esa extraña pero casi suicida habilidad para detectar minas, había conseguido ingresar al área de operaciones como comandante del Equipo de Explosivos y Demoliciones (Exde), conformado por un suboficial, cuatro soldados profesionales y un canino. En el país hay 946 grupos de estos haciendo limpiezas, un trabajo no solo riesgoso sino infinito, mientras limpian los territorios como si se tratara de la peor maleza, los ilegales siembran con métodos más bárbaros.
La zona era crítica. Por eso, sus pobladores hicieron un llamado de auxilio. Vivían atemorizados por las minas antipersona que dejaron instaladas los diferentes grupos armados organizados y que en 2022 habían afectado a tres civiles.
El cabo Riaño llegó a cumplir con su trabajo y sabía que ahora las minas las estaban fabricando en plástico, por lo cual utilizó el método vara de ciego, que había aprendido en la academia y ya había puesto en práctica en anteriores ocasiones.
La labor consistía, arriesgando su vida, en encontrar con su destreza y vista de águila las minas instaladas por los criminales. Con esta habilidad especial, el cabo Riaño y su equipo lograron ubicar, en una primera búsqueda, ocho minas. Sabía que su grupo y él estaban en una cita con la muerte y debían ser cuidadosos. Es así como en otro despliegue en el terreno, sus capacidades le dieron para encontrar otras dos minas que logró desactivar.
El temor, la precaución y la paciencia del artesano con la que buscaba estas minas era el camino para evitar cualquier accidente. Y no es para menos. En los últimos siete años la cifra ha venido en aumento, ha dejado 113 militares muertos desde 2016 hasta 2023 y 527 heridos en el mismo periodo. El año más violento fue justamente 2022, con 22 muertos y 122 heridos.
Para ese momento, Riaño ya era un héroe para su equipo y los pobladores, pues cada mina desactivada era un potencial muerto. Había salvado las vidas de niños, adolescentes y adultos que transitaban por el lugar.
Su agudeza lo alertó sobre la presencia de otras tres minas que eran indetectables para los equipos con los que cuenta el Ejército. No se sabe cómo, pero el cabo y sus hombres las habían encontrado. El suboficial sabía que como hombre al mando debía ponerse al frente de la desactivación para no arriesgar la vida de sus compañeros.
Pero en este procedimiento había algo particular, diferente a los casos anteriores, Riaño se sorprendió al ver que los criminales habían enlazado varias minas a través de un cable. Nuevamente una estrategia cada vez más mortal que la anterior. Lo que buscaban quienes las instalaron era que quien jalara desencadenara una reacción en cadena.
Esta vez no fue un criminal, tampoco un niño, ni un campesino, fue, en realidad, la última misión del cabo Helmuth Riaño Montes. En medio de la compleja labor de ubicar los artefactos conectados entre sí, no contó con la misma suerte que tuvo en los cientos de procedimientos anteriores; la cadena de minas le explotó en el rostro, asesinándolo de inmediato.
El crimen del suboficial es el vivo reflejo de un problema que hoy tiene en alerta a las autoridades del país. El informe en poder de SEMANA deja claro que las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN optaron por instalar minas antipersona en los territorios, sin importarles que estén cerca a colegios, cascos urbanos, veredas o caminos de tránsito de campesinos; el único propósito es exterminar.
Prueba de esto es el caso del fallecido cabo, ahora héroe, Riaño Montes en el Bajo Cauca Antioqueño. La sangrienta guerra entre el ELN y el Clan del Golfo está generando que acudan a estos macabros métodos que son condenados en el mundo porque violan el derecho internacional humanitario y porque además afectan a los más inocentes.
El panorama
Las estadísticas oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz revelan otro dato preocupante: los accidentes se presentaron en 38 municipios de 13 departamentos, la instalación criminal se extiende por el país.
Pero hay una cifra que prendió las alarmas, porque sus efectos se cuentan con vidas: el 35 % de los accidentes se presentaron en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, en donde hay una alta presencia de cultivos ilícitos.
El sur del país parece un escenario de guerra con explosiones de este tipo a cada instante. En Nariño hubo 44 casos, 32 de ellos en Tumaco, cinco en Roberto Payán, cuatro en Barbacoas y tres en Magüí Payán. Chocó tuvo 12 casos, cuatro fueron en Istmina.
Cauca, 11, de los cuales cinco fueron en Balboa. En Antioquia el panorama no es más alentador, la cifra fue de siete casos, de los cuales tres fueron en el Bajo Cauca, uno de ellos el del cabo Riaño Montes, quien murió teniendo claro que había salvado muchas vidas.
Sobre estas macabras prácticas, el coronel Leonardo Fonseca, director de desminado del Ejército, le dijo a SEMANA que todos los grupos armados organizados (disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo) están instalando minas y artefactos explosivos en el país.
Agregó que en su momento lo hacían para afectar a la fuerza pública, a los pobladores y con el propósito de proteger cultivos ilícitos y atacar zonas de la infraestructura crítica del país como los oleoductos, pero que ahora “la problemática más grande que hay es que se están instalando minas y artefactos explosivos para hacerse daño entre ellos mismos, es decir, por las disputas de territorio”.
Mientras tanto, el país seguirá viendo casos como el del cabo Riaño Montes o de las decenas de civiles inocentes afectados por las minas y explosivos dejados en campos que deberían ser territorios de paz y no de guerra.