El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado que anuló el decreto mediante el cual el Gobierno nacional había fijado el salario mínimo, al considerar que el trámite no cumplió los requisitos legales exigidos y que debía respetarse el procedimiento de concertación establecido en la ley.
El fallo abrió un nuevo debate jurídico y económico sobre la manera en que se deben adoptar este tipo de decisiones. En ese contexto, Rendón aseguró que su postura nunca fue oponerse a que los trabajadores recibieran mayores ingresos, sino advertir sobre las consecuencias estructurales de decisiones que, según él, no abordaron el problema de fondo del mercado laboral colombiano.
“La vitalidad de una economía se entiende por la calidad del empleo que se genera, por el que los distintos ciudadanos puedan tener permanentemente platica en el bolsillo que les permita soportar su tren de vida”, afirmó el mandatario. Y añadió: “Nosotros nunca nos opusimos a que más de 3.700.000 colombianos tuvieran más platica en el bolsillo”.
Sin embargo, sostuvo que durante la discusión pública se dejó de lado una realidad que considera crítica: “Más de la mitad de la fuerza laboral del país vive uno de los dramas sociales más graves que registra Colombia, que es el de la informalidad. Y más de la mitad se gana menos de un salario mínimo”.
El gobernador señaló que el debate alrededor del salario mínimo estuvo marcado por un ambiente de confrontación política. “Se siguió el ánimo pendenciero que ha caracterizado a este Gobierno, de poner en permanente tensión a las instituciones”, dijo, al referirse al ambiente en que se dio la expedición del decreto ahora anulado.
Rendón insistió en que las decisiones económicas deben adoptarse con criterios técnicos y no bajo lógicas de aplauso inmediato. “Aquí, lo que tenemos que poner con sensatez sobre la mesa son las cosas que realmente favorecen a la población y las que la perjudican, sin excentricidades, sin populismo, porque decir cosas para ganar aplausos es muy fácil”, afirmó.
En ese sentido, citó al exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, para reforzar su argumento. “Si la riqueza se pudiera decretar, como lo dijo Jorge Iván González, hacer política pública y manejar la economía sería muy fácil”, expresó. Y agregó: “Uno le encomendaría la tarea a unos abogados que escriban muy bien y decretaríamos ser ricos todos. Pero así no es la realidad”.
El gobernador también vinculó la discusión nacional con el impacto que, según él, tienen este tipo de decisiones sobre las finanzas territoriales. Explicó que Antioquia tuvo que enfrentar sobrecostos superiores a los 700 mil millones de pesos, lo que puso en riesgo el alcance de varios programas y obras adjudicadas el año pasado.
“Lo más seguro que iba a terminar aconteciendo es que, una vez se agotaran los recursos de los que disponíamos y al no contar con esos 700 mil millones de pesos de más, íbamos a tener que reducirle el alcance a programas o a las obras”, advirtió.
Entre los proyectos que podrían verse afectados mencionó la pavimentación de cerca de 700 kilómetros de vías, al menos 180 de ellos en el Urabá antioqueño. Asimismo, alertó sobre el impacto en programas de vivienda. “Cerca de 12 mil familias en Antioquia se iban a quedar sin la posibilidad de acceder al sueño más grande que tiene una familia, que es el de ver su casa dignificada”, aseguró.
El pronunciamiento del gobernador se suma a las reacciones políticas que ha generado el fallo del Consejo de Estado, una decisión que no solo obliga al Gobierno nacional a replantear el procedimiento para fijar el salario mínimo, sino que reabre el debate sobre la sostenibilidad de las políticas laborales en un país donde la informalidad supera la mitad de la fuerza de trabajo.
Rendón reiteró que su posición apunta a la estabilidad institucional y económica. “Si de decretar la riqueza se tratara, gobernar y conducir la economía sería una tarea muy fácil, pero ya sabemos que no es así”, concluyó.