La controversia por el control administrativo de Comfenalco Antioquia escaló este martes luego de que la ministra de Trabajo, Natalia López, denunciara la existencia de una presunta red de intereses políticos y corruptos que, según afirmó, estaría buscando apoderarse de los recursos de la caja de compensación, cuyo presupuesto para 2026 se acerca a $1 billón.
La ministra calificó la situación como “muy grave” y aseguró que existen una serie de hechos que deberán ser investigados por las autoridades competentes.
“Quiero denunciar una situación muy grave que está sucediendo en Comfenalco Antioquia. Una telaraña azul está intentando apoderarse y saquear más de un billón de pesos de los trabajadores de esta y otras cajas del país”, aseguró la funcionaria.
La denuncia se produce en medio de una compleja disputa jurídica y administrativa alrededor de Comfenalco Antioquia, entidad que permanece bajo intervención administrativa total de la Superintendencia del Subsidio Familiar desde septiembre de 2023. Para la vigencia de 2026, la caja proyecta ingresos por $974.707 millones, una cifra que ha convertido el manejo de la entidad en el centro de una fuerte controversia institucional.
Uno de los episodios mencionados por la ministra está relacionado con la designación de quien asumiría la dirección administrativa de la entidad. Según López, la decisión habría sido conocida antes de que pudiera formalizarse y, posteriormente, la persona escogida fue retirada de manera sorpresiva, luego de 16 años de servicio en Comfenalco Antioquia.
“Desde la Superintendencia tomamos decisiones para dar claridad jurídica, proteger la caja y garantizar que sus recursos estén al servicio de los trabajadores antioqueños. Pero ocurrió un hecho que debe investigarse”, señaló.
La ministra agregó que también genera preocupación lo sucedido alrededor de la Asamblea General Extraordinaria de afiliados, programada para el próximo 31 de agosto. El nuevo agente especial de intervención había ordenado suspender la reunión mientras se adelantaba una revisión de la situación financiera, jurídica y administrativa de la caja.
Sin embargo, la decisión fue controvertida mediante acciones judiciales. Uno de los procesos llegó al Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia, Antioquia, que ordenó como medida provisional mantener la fecha, hora, lugar y orden del día de la LXXVI Asamblea General Extraordinaria de afiliados. La controversia hace parte de varias acciones de tutela y recursos administrativos que actualmente rodean la intervención de la entidad.
Para la ministra, la rapidez con la que se produjeron algunas de estas decisiones judiciales y administrativas amerita una investigación.
“No podemos tratar esta sucesión de hechos como una simple coincidencia. Me comprometo a que las autoridades competentes investiguen estas irregularidades”, afirmó.
López aseguró que el Gobierno pondrá en conocimiento de la Fiscalía y de los organismos de control la información y las pruebas que, según dijo, han sido recopiladas sobre la posible actuación de una estructura de intereses políticos corruptos a la que denominó la “telaraña azul”.
“Una red de corrupción estaría buscando mantener el control de Comfenalco Antioquia”, sostuvo la ministra, quien aclaró que será responsabilidad de las autoridades establecer quiénes estarían detrás de los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales, disciplinarias o administrativas.
La controversia tiene como telón de fondo una serie de recursos y tutelas presentadas contra decisiones adoptadas durante la intervención. Entre ellas figura una tutela que cuestionó la suspensión de la Asamblea General y otra que logró, como medida provisional, mantener la realización de la reunión prevista para el 31 de agosto.
“Estamos hablando de cerca de un billón de pesos de los trabajadores antioqueños y sus familias. Vamos a entregar todos los hechos y las pruebas a la Fiscalía y a los organismos de control para que investiguen, determinen quiénes están detrás y qué responsabilidades existen”, enfatizó López.
La ministra cerró su pronunciamiento con un mensaje sobre la defensa de los recursos de la caja de compensación.
“Comfenalco Antioquia no tiene dueño político, es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que se la tomen ni que saquen sus recursos. La vamos a defender”, concluyó.
Por ahora, la disputa continúa en diferentes escenarios judiciales y administrativos. Las decisiones que adopten los jueces, la Superintendencia del Subsidio Familiar y los organismos de control serán determinantes para definir el futuro de una de las cajas de compensación más importantes del país y el manejo de un presupuesto que en 2026 bordea el billón de pesos.