Una nueva disputa jurídica y administrativa alrededor de Comfenalco Antioquia tiene en el centro del debate el manejo de un presupuesto cercano a $1 billón. La controversia involucra a la Superintendencia del Subsidio Familiar, al agente especial de intervención designado para la Caja y a directivos y afiliados que han acudido a recursos administrativos y acciones judiciales para controvertir algunas de las decisiones adoptadas en los últimos días.
El presupuesto de Comfenalco Antioquia para la vigencia 2026 asciende a $974.707 millones en ingresos, mientras que los costos y gastos proyectados llegan a $970.667 millones. El resultado estimado del ejercicio sería de $4.039 millones. Estos recursos son los que, según el documento conocido por este medio, están en el centro de la disputa por el control administrativo de la entidad.
La intervención administrativa total sobre Comfenalco Antioquia fue adoptada por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante la Resolución 0789 del 15 de septiembre de 2023. De acuerdo con el documento suministrado, posteriormente se adelantó una revisión de los procesos de intervención vigentes y se designó a Fabián Mayor como interventor, en aplicación de la Resolución 275 de 2022.
Uno de los primeros puntos de choque fue la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria de afiliados. El agente especial de intervención solicitó información sobre la situación financiera, jurídica y administrativa de la Caja y ordenó suspender la reunión, argumentando la declaratoria de calamidad nacional y la necesidad de realizar un balance sobre el estado de la entidad antes de definir las decisiones a seguir.
La suspensión abrió un nuevo frente jurídico. Desde el pasado 20 de agosto, según el documento consultado, Juan Pablo Morales Calle, director administrativo suplente, presentó diferentes recursos contra decisiones relacionadas con la intervención, entre ellos un recurso de reposición contra la Resolución 0656 del 19 de agosto de 2026 y un derecho de petición. La fuente interpreta estas actuaciones como intentos de controvertir o frenar la gestión del nuevo interventor.
A la controversia administrativa se suman tres acciones de tutela. Una de ellas fue presentada por Cindy Yuliana Ríos, de la Asociación Sindical de Salud Famysalud, contra la suspensión de la asamblea y la designación de Fabián Mayor como agente especial de intervención. El proceso fue admitido por el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín.
Otra tutela fue presentada por Jhon Fredy Ríos Arboleda, representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Heliconia, Antioquia. En este caso, el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia ordenó, como medida provisional, mantener la fecha, hora, lugar y orden del día de la LXXVI Asamblea General Extraordinaria de afiliados, programada inicialmente para el 31 de agosto de 2026.
La tercera acción fue instaurada por Vicente de Jesús Arcila Giraldo ante el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Medellín y está relacionada con una presunta falta de respuesta a una solicitud de revocatoria directa de una resolución suscrita por el agente interventor.
El documento que sirve de base para esta información cuestiona la rapidez con la que se adoptó la medida provisional sobre la realización de la asamblea y advierte sobre los riesgos que, según esa fuente, podría generar la disputa sobre el manejo de los recursos. Sin embargo, el propio documento aclara que esas apreciaciones corresponden a la posición de la fuente consultada y no constituyen un hallazgo judicial independiente.
Otro de los puntos que aparece en la controversia es una convención colectiva que, según el documento, habría sido suscrita durante la vigencia de la intervención y contemplaría reconocimientos económicos superiores a $1.000 millones para cada directivo en caso de desvinculación. Estas afirmaciones, advierte la fuente, corresponden a su interpretación y no han sido verificadas de manera independiente.
La fuente también anunció la posible presentación de denuncias penales y acciones disciplinarias contra quienes, según su interpretación, habrían participado en actuaciones relacionadas con el control de los recursos de la Caja. Por ahora, se trata de anuncios cuya eventual materialización y resultados están pendientes de conocerse.
Mientras avanzan las tutelas y los recursos administrativos, Comfenalco Antioquia enfrenta una nueva etapa de incertidumbre institucional. La definición sobre la Asamblea General y las decisiones que adopten las autoridades judiciales y administrativas serán determinantes para establecer el rumbo de una de las cajas de compensación más importantes del país y el manejo de un presupuesto que para 2026 se acerca al billón de pesos.