El juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín suspendió la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), Juan David Palacio Cardona, y contra otras tres personas.
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía pidió que siete personas que hacen parte de la investigación, entre ellas Palacio Cardona, sus exfuncionarias Ana María Roldán Ortiz, y Diana Montoya, el tesorero de los Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, y el exdirector de ese cuerpo de socorro, Misael Cadavid, sean categorizados como un Grupo Delictivo Organizado (GDO) por los hechos de corrupción que les endilgan.
Según la Fiscalía, entre junio de 2020 y junio de 2023 entre el (Amva) y los Bomberos de Itagüí, en cabeza de Misael Cadavid, se firmaron seis contratos de prestación de servicios en la modalidad de contratación directa que habría servido para inflar precios y desviar recursos para la campaña de este último a la Cámara de Representantes.
“Todos estos contratos corresponden a un valor de 17.656.740.086 pesos, contratos que según el proceso investigativo, se ha podido establecer que se asignaron de manera directa, sin el lleno de requisitos legales”, dijo la Fiscalía.
Los implicados en la firma de esos contratos, cuya principal responsabilidad recaía sobre Palacio Cardona según la Fiscalía, violaron los principios de “planeación, transparencia, economía, selección objetiva”.
Además, que a esos recursos no se les dio un manejo adecuado.
Durante la diligencia, la Fiscalía habló del rol que habría cumplido en la presunta red de corrupción Palacio Cardona, un curtido abogado, especialista en Gobierno y Gestión de Desarrollo Regional.
Al exdirector, que llegó al cargo de la mano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, lo señala la Fiscalía de interesarse “indebidamente en provecho de terceros” en la celebración de seis contratos.
“Le correspondía y le incumbía dictar directrices, aprobar lineamientos generales, ordenar sy supervisar procedimientos de control interno y fiscalización, así como confirmar las decisión que las dependencias subordinadas materializaban mediante firmas delegadas”, dijo el ente acusador.
También, que Palacio tuvo un “interés reiterado en favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en detrimiento del interés general y del patrimonio público, dicha conducta puede calificarse de indebida”.
“Tal proceder contraviene las provisiones contenidas en el artículo 44 de la ley 80 del 1993, al desconocer los principios de selección objetiva transparencia e igualdad aludir cualquier modalidad de selección competitiva constituye una vulneración grave al régimen jurídico de la contratación Estatal y trasladado al ámbito penal permite afirmar que el servidor público omitió su deber y con ello se interesó indebidamente en la celebración de contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 409 del código penal”, describió el representante de la Fiscalía.
Es decir, para el ente acusador, Palacio es responsable de interés indebido en la celebración de contratos.
Sin embargo, la audiencia fue suspendida al comienzo de la noche a raíz de los serios reparos de las partes a la lectura de los hechos por parte de la Fiscalía, principalmente al pedido de que se les categorice como un Grupo Delictivo Organizado (GDO).
Luego de los pronunciamientos de la Procuraduría y de los abogados, el juez decidió suspender la audiencia, para continuar este martes, 27 de enero, a las 2:30 p.m. Ese será el momento en el que la Fiscalía deberá corregir lo pedido por los abogados y poder dar por sentada la imputación de cargos. De lo contrario, no será posible saber si los acusados aceptan o no los cargos.