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| 9/18/2007 12:00:00 AM

Colombia pedirá que los 25 millones de dólares de multa a Chiquita se destinen a las víctimas de ‘paras’

Inquietud en Colombia porque la millonaria sanción a la multinacional bananera que financió paramilitares iría a parar a las arcas de Estados Unidos. El Vicepresidente dijo que la decisión “ofende la dignidad colombiana”.

Colombia pedirá que los 25 millones de dólares de multa a Chiquita se destinen a las víctimas de ‘paras’ Colombia pedirá que los 25 millones de dólares de multa a Chiquita se destinen a las víctimas de ‘paras’
Para explicarlo en términos coloquiales, quitarle 25 millones de dólares a la multinacional bananera Chiquita Brands en cómo arrancarle un pelo a un gato. Pero dárselos al Fondo Nacional de Reparación para que sea invertido en los diferentes procesos de indemnización a las víctimas de los paramilitares sería un aporte invaluable.

Al menos eso cree el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, quien este martes planteó la posibilidad de que la sanción interpuesta a la empresa norteamericana por haber financiado a grupos como las autodefensas de Colombia, no termine en las arcas de Estados Unidos, sino en la financiación de las víctimas de ‘paras’.

“Si el Departamento de Justicia reconoce que los fondos de Chiquita contribuyeron a financiar grupos armados ilegales en Colombia, lo lógico es que los 25 millones de dólares que le han impuesto de multa a no ingresen al tesoro de Estados Unidos, sino a Colombia, con el fin de fortalecer el fondo para las víctimas”, dice Pérez, quien prepara una nota en tal sentido dirigida al canciller Fernando Araújo para que el gobierno de Colombia haga la petición a Estados Unidos.

La sanción fue ordenada por el juez de distrito Royce C. Lamberth luego de que la empresa bananera admitiera haber pagado más de 100 veces, desde 1997 hasta febrero de 2004, a las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización clasificada como terrorista por Estados Unidos que recibió de Chiquita alrededor de 1,7 millones de dólares a pesar de que en varias ocasiones, sus directivas aseguraron haber hecho los pagos bajo amenaza. A cambio de la multa, ninguno de los directivos de la compañía irá a la cárcel, sus nombres no se conocerán públicamente y tampoco serán objeto de cargos penales.

La idea comenzó a sonar este martes en todo el país. Incluso el vicepresidente Francisco Santos, durante un acto de reparación en Popayán, dijo que la decisión del juez era leve y ofendía la dignidad colombiana. “Cómo me gustaría que estuvieran aquí el juez (que falló en el caso de Chiquita), el fiscal, ojalá hubieran visto las lágrimas que yo vi (…) les pido a los congresistas (demócratas) que tanto nos piden, que también pidan”, sostuvo Santos frente a varias víctimas de paramilitares que se encontraban en el acto.

Aunque para la empresa de Cincinatti la sanción que pagarán es “acertada y refleja la buena voluntad de nuestras acciones y la de nuestro personal para resolver una situación difícil”, muchos calificaron la misma como un acuerdo de impunidad en el que se compró el silencio. Para Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y quien tiene a su cargo varios casos de víctimas de ‘paras’ en San José de Apartadó, sería ideal tener 25 millones de dólares más para financiar las reparaciones, pero es poco probable que esto suceda.

“Esta es una acción de carácter fiscal y no indemnizatoria. Ellos (Estados Unidos) podrían considerar que no es posible que las víctimas quisieran recibir el dinero de una sanción por haber financiado a grupos terroristas”, explica Arias y aclara que si en algún momento ese dinero termina ayudando a las víctimas, podría sentar un mal precedente en Estados Unidos donde se distorsionaría el flujo de esos dineros.

Al ver la impunidad que esta multa ocasiona en los procesos de verdad, el ex fiscal Alfonso Gómez propuso que la justicia colombiana pida la extradición de los ejecutivos de la bananera. “¿Vale la pena sacrificar la justicia por plata? ¡Iniciemos un proceso de extradición!”, dijo Gómez a RCN radio al recordar que la extradición es un mecanismo bilateral que se tiene con Estados Unidos. “La Fiscalía colombiana debe encausar cuanto antes a los ejecutivos de la multinacional”, puntualizó.

Chiquita Brands tiene un proceso abierto en la Fiscalía por ingreso de armas ilegales a Colombia, mientras que en Estados Unidos enfrenta varias demandas de víctimas del paramilitarismo. La empresa deberá pagar los 25 millones de dólares en cinco cuotas anuales.

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