Seguridad vial: misión posible

La escalada trágica que vivimos en nuestras carreteras mantiene a Colombia en una posición vergonzante en el ranking de países más peligrosos de América Latina por causa de la inseguridad vial. Los hechos son tozudos y confirman que, al ritmo al que vamos (más de 140 muertes en la última semana), podríamos superar las inquietantes cifras del año pasado cuando, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 7.270 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito.

No podemos permanecer impávidos ante este inquietante ciclo de siniestros que se registran, como si fueran una realidad rutinaria, en los medios de comunicación y las redes sociales. Urge reformular las estrategias de prevención y darle a la misión de recuperar la seguridad en nuestros 206.102 kilómetros de carreteras el carácter de obligación que deben compartir el Estado y la ciudadanía toda.

Conductores de carros y motocicletas, ciclistas y peatones, todos, debemos ajustarnos a normas claras de cultura ciudadana en las que prevalezcan el respeto y, como lo decía una campaña publicitaria muy recordada, se imponga “el derecho a la vía y a vida”. Esa cultura debe ir de la mano de una aplicación vertical ―no negociable― de las normas sobre el mantenimiento de los automotores y sobre el uso correcto, no fraudulento, del Soat.

Esta última acotación tiene que ver con el hecho de que recientemente los organismos de control comprobaron el manejo de cerca de medio billón de pesos de recursos utilizados para pagar supuestos perjuicios a víctimas de accidentes viales en los que nunca se aplicó el Soat. El 44 % de los giros por más de $ 239.000 millones se realizaron a solo 8 IPS. Esos recursos se necesitan hoy para atender como es debido a las víctimas verdaderas.

Por lo demás, nos venimos acostumbrando a responsabilizar exclusivamente a las autoridades de tránsito que, con recursos limitados, hacen esfuerzos por paliar las emergencias que suelen presentarse especialmente durante los puentes festivos.

Desde la Federación Nacional de Departamentos le hemos propuesto al Gobierno y al Congreso la creación de un único fondo vial que pueda ser usado por las entidades territoriales a través de convocatorias y que funcione con recursos del Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. De hecho, la calidad de la infraestructura vial será otro de los factores que contribuya a disminuir y prevenir las rachas de accidentes que llevan luto a cientos de hogares colombianos.

Hace falta una reingeniería al ecosistema de la seguridad vial. Si es preciso, resultaría necesario revisar el Código de Tránsito, los protocolos para el mantenimiento de los parques automotores de las empresas de transporte, mejorar la señalización, insistir en la obligatoriedad del uso de chalecos reflectores e impulsar nuevas campañas sistemáticas que alienten el civismo y motiven a la ciudadanía a velar, también, por la vida y la seguridad en las carreteras. Las sanciones no deben quedar relegadas a un segundo plano. Todo eso se logra con medidas prácticas y con una disciplina prusiana que, en verdad, nos ha hecho mucha falta.

La innovación es importante, pero en tiempos críticos como los que vivimos debemos fijarnos en países que hacen bien su tarea en este campo y seguir su ejemplo. Incluso pedir su apoyo cuando haga falta. Debemos tomar decisiones prácticas, sin dilaciones y con profundo sentido de responsabilidad social.

Con vías saturadas, como nos suele ocurrir, requerimos de la habilitación y rehabilitación de otros sistemas de transporte. Es hora de aumentar y recuperar kilómetros de la operación de las vías férreas del país para conexión interdepartamental.

La seguridad vial no puede ser una misión imposible. Una acción oportuna y conjunta nos permitirá atenuar, reducir y poner fin progresivamente al luto en nuestras carreteras. De otra manera, se hará relativo el valor de las vías de última generación.