La relación entre la exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez está fría, distante y, quizás, estallada tras la explosiva carta que su esposo y expresidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, envió al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, donde sembró un manto de duda sobre la escogencia de Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático. Con datos, pruebas y testimonios, puso en entredicho el triunfo de Valencia sobre Cabal.
Cabal y Lafaurie no quieren estar más en el partido. “No hay vuelta atrás”, le dijo a SEMANA una persona cercana a la familia Lafaurie Cabal. Buscan la escisión de la colectividad, como lo manifestó Lafaurie en la misiva, porque ella se siente maltratada, y no desde ahora.
Carga entre pecho y espalda un lastre de heridas que no sanan y que la han llevado a dar un paso al costado.
María Fernanda Cabal pasó la página de la derrota con Óscar Iván Zuluaga en la carrera presidencial de 2021, pero no olvidó.
Desde que José Félix Lafaurie conoció los resultados del triunfo de Zuluaga, sembró un manto de duda sobre las cifras. A su juicio —y al de las bases del partido—, el triunfo se lo habían arrebatado a Cabal de las manos. Ella, finalmente, se sentó con Zuluaga, quien fue su gran amigo, pero la relación jamás volvió a ser la misma. De hecho, ella no lo apoyó.
Como si fuera poco, la cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático incomodó a las bases de Cabal. El expresidente Álvaro Uribe optó por entregarla al joven exsenador Miguel Uribe Turbay, quien venía del Partido Liberal. Cabal, al final, ocupó el puesto 100 en la lista al Senado.
Además, la familia no olvida que, cuando Iván Duque se convirtió en presidente, José Félix Lafaurie sonó para ocupar la Contraloría General. No obstante, según fuentes cercanas a esa casa política, el círculo más cercano al presidente se atravesó en el camino y ganó Carlos Felipe Córdoba.
En esta oportunidad, Cabal no logró convertirse en la candidata presidencial por el Centro Democrático, y Lafaurie —con pruebas, testimonios y evidencias— escribió una carta el 23 de enero, la entregó al director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, y expuso las posibles irregularidades en los resultados.
“Aún hoy, las encuestadoras y la empresa auditora del proceso (donde ganó Paloma Valencia) no entregan toda la información pertinente, que hemos solicitado en seis derechos de petición y dos insistencias”, denunció.
“El martes 16, después del sorpresivo anuncio oficial, recibo una llamada de un expatriado venezolano, Óscar Duarte, quien, a su vez, el domingo 14 había recibido información de otros ilustres venezolanos exiliados en España que se reunieron el 12 de diciembre para celebrar el Nobel de Paz de María Corina a su regreso a Madrid, en compañía de Lester Toledo. En esa reunión surge el tema de la candidatura del CD, y Toledo afirma, sin titubear siquiera, que eso está arreglado y que la candidata es Paloma Valencia. Tengo apartes de la conversación que él nos transmite, donde se constatan las afirmaciones de Toledo”, manifestó.
“Para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados, con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio Gaviria. Tenemos suficientes evidencias, como la que te expliqué sobre los electores de La Guajira. Hicimos el mismo ejercicio con otros departamentos. Los resultados contradicen la información oficial. No puedo dejar de advertir que, en el ‘vaya y venga’ de las decisiones, al ritmo de velados intereses —entonces, hoy evidentes—, no solo se vio afectada la imagen del partido ante sus bases y la opinión pública, sino que el acomodo de las fechas de resultados y anuncios redundó en la expulsión de facto de las precandidatas Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quienes habrían podido seguir prestando, como hasta ahora, un gran servicio al partido y al país, servicio del que el partido mismo decidió prescindir”, expresó.
En la carta, Lafaurie escribió un par de párrafos que —a juicio de varias personas cercanas a María Fernanda Cabal— abren la puerta a una acción de tutela con la que busquen que el partido entregue todas las actas que convirtieron a Paloma Valencia en la candidata única de la colectividad.
“El estudio elaborado por Cadem y el ejercicio adelantado por Panel Ciudadano no satisfacen los requisitos legales para ser considerados encuestas electorales válidas, a lo que se suma que ninguna de las dos firmas estaba inscrita en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras del Consejo Nacional Electoral, lo que las inhabilitaba legalmente para realizar y divulgar estudios con efectos electorales. La responsabilidad por emplear mecanismos ilegales recae directamente sobre quienes decidieron su contratación y uso, es decir, la Dirección Nacional y la Secretaría General del partido”, argumentó.
Según él, “hay ausencia de contratos formales y trazabilidad con las firmas encuestadoras; solo se emitieron órdenes de servicio sin respaldo jurídico completo, como lo exigen las leyes de orden público en Colombia. Las encuestadoras accedieron a bases de datos del partido sin acuerdos de tratamiento de datos personales, en violación del artículo 25 del Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1581 de 2012. Se debe recordar la responsabilidad del partido en este aspecto. Se prometieron entregables diarios, según las propuestas de las encuestadoras, pero luego el partido afirma que ‘no se requerían’, lo que genera serias dudas y afecta la transparencia”.
Ante este hecho, consideró que “el procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista. Al adoptar decisiones sin deliberación orgánica ni control interno, la dirección del partido privó a las precandidatas de sus derechos políticos y se apartó de los principios de igualdad, participación y transparencia exigidos por la Constitución y la ley. El proceso, al definir una candidatura presidencial, debió ser informado y registrado ante el CNE. La omisión de este paso vulneró principios de publicidad, vigilancia y control electoral previstos en la ley. La gravedad de estas irregularidades no puede atribuirse a terceros ni a simples fallos administrativos. Por el contrario, es una responsabilidad que recae directamente sobre el director nacional del partido y la secretaria general, como garantes institucionales del proceso”.
Y remató: “Al omitir la verificación jurídica de las encuestadoras, permitir procedimientos sin respaldo normativo y validar una selección carente de garantías, ambos transitan por el filo de la vulneración de principios legales, estatutarios y constitucionales, comprometiendo no solo la legitimidad del resultado, sino también la responsabilidad política y jurídica del partido ante las autoridades competentes”.
¿Vendrá una acción de tutela contra el Centro Democrático tras el triunfo de Paloma Valencia? La respuesta solo se conocerá en las próximas semanas.
Mientras tanto, la exprecandidata María Fernanda Cabal guarda silencio.