Día decisivo para la emergencia económica en el Senado: se interrumpe el receso legislativo para ejercer control político

El decreto de emergencia económica, presentado el pasado 22 de diciembre por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se expidió en una época en la que el Congreso de la República se encuentra en receso legislativo y la Corte Constitucional en vacancia legislativa.

Sin embargo, este viernes, 26 de diciembre, el Senado de la República, a través de su presidente, Lidio García, convocó a una sesión extraordinaria con la promesa de que se inicie el control político a la declaratoria.

El principal motivo de la sesión, que se llevará a cabo de forma virtual, es el anuncio de los ascensos de militares y policías. No obstante, habrá espacio para debatir la declaratoria.

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, impulsó la decisión a través de una carta dirigida a García, al considerar que “es necesario que los ciudadanos conozcan las motivaciones detrás de esta inédita medida, que no solo pondrá en riesgo la estabilidad económica del país, sino que no resolverá los problemas de caja de una nación necesitada”.

Tras la citación, Motoa le contó a SEMANA que presentará una proposición para llevar a cabo un debate de control político, con el fin de revisar el decreto y sus implicaciones.

“Hice la solicitud, he presionado. El presidente convocó la sesión virtual y ahí presentaré la proposición para citar un debate de control político. Tiene que votarse”, sostuvo el senador de oposición.

Además, su principal argumento es que, de acuerdo con los artículos 135 y 138 de la Constitución Política de 1991, la función de control político se puede ejercer en todo momento, sin importar que se esté en receso legislativo.

“El control político no tiene receso. Es permanente y es constante. Es una función constitucional nuestra que es permanente. Distinto al trámite de leyes, que sí tiene receso. Es control político y, por eso, no se tiene la limitación”, resaltó.

La decisión del Senado de la República puso en jaque al Gobierno nacional y desató un enfrentamiento entre Armando Benedetti y Antonio Sanguino, ministros del Interior y del Trabajo, respectivamente, y el presidente del Congreso.

De acuerdo con Benedetti, el Congreso solo podrá hacer la revisión de la declaratoria cuando el Gobierno nacional le envíe un informe con las medidas a tomar.

“El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe", dijo el ministro.

Además, aseguró que no pueden sesionar de manera virtualmente sin una razón excepcional.

Por su laado, Sanguino aseguró que el presidente del Congreso es una “vaca muerta atravesada en el camino de las reformas y los cambios que favorecen al pueblo trabajador”.

Pese a los ataques, García sostiene que “el artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado”.

Y recalcó: “El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados”.

De acuerdo con el senador del Partido Liberal, se trata de un acto de “responsabilidad institucional”.

En su más reciente publicación, se refirió a Sanguino, quien lo calificó de “títere” de César Gaviria.

“Cuando se acusa de títeres a los demás, a veces no se hace más que proyectar la propia forma de entender el poder”, trinó.

Con los ánimos caldeados entre el Senado de la República y el Gobierno nacional, la sesión resulta determinante para el futuro del decreto, que esperaba pasar las festividades sin la revisión de las ramas legislativa y judicial.

Incluso, se preparan propuestas para citar a sesión la próxima semana, con el fin de contar con el tiempo suficiente para discutir en su totalidad el decreto presentado por el presidente.