Mónica de Greiff fue presidenta de la junta directiva de Ecopetrol durante 2025 y renunció en medio de una gran sorpresa y fuertes especulaciones.
Ella, en una entrevista extensa que le concedió a SEMANA, reveló las verdaderas razones de su dimisión. Su tiempo acabó, dijo. Y sintió que sus posiciones en contra de Venezuela, la posible compra de Monómeros por parte del gobierno de Gustavo Petro y la exportación de gas desde Caracas, incomodaban en la Casa de Nariño, especialmente al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
De Greiff reveló detalles inéditos de varios hechos ocurridos durante su paso por Ecopetrol, entre ellos, uno de los escándalos más grandes de la compañía: cuando el país conoció que la petrolera había firmado un contrato de 5 millones de dólares con la firma internacional Covington & Burling para establecer una investigación interna que midiera el impacto y los riesgos de la empresa tras los ruidos que generó la presidencia de Ricardo Roa y su investigación en el Consejo Nacional Electoral por la financiación irregular de la campaña Petro Presidente en 2022.
La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la opinión pública le pusieron la lupa al escándalo. ¿5 millones de dólares en medio de la crisis fiscal en Colombia de la que tanto habla Gustavo Petro?, preguntó la oposición.
De Greiff describió a SEMANA lo ocurrido como “un caso complejo”.
“Los abogados internacionales dijeron que se debía hacer un estudio para actualizar los riesgos que tenía Ecopetrol. En ese estudio se dieron unos lineamientos: era un estudio y nos serviría para actualizar el mapa de riesgo. Yo no estaba en el comité de auditoría, pero ahí lo que se dijo fue que se hiciera el estudio. Después, de forma bastante extraña, se cambió de un estudio de 800.000 dólares a una investigación de 5 millones de dólares. Lo hicieron un 31 de diciembre a las 4:00 p. m., y dijeron que la junta directiva lo había aprobado. Eso no había pasado por junta. Empezaron a decir que nos habían enviado una carta; yo recibía miles de cartas, pero esa propuesta no fue a la junta formalmente; no hubo una solicitud formal de aprobación, no hablaron de cambiar el objeto del contrato”, narró.
Y siguió: “Se vivió con sorpresa. Me puse muy brava. Muy brava. Cuando me contaron que les habían quitado el computador a 70 personas y les habían copiado la información, pregunté cuál había sido la orden judicial. No me gustó nada. Dije que no me parecía”.
SEMANA le preguntó a Mónica de Greiff quién había modificado el objeto del contrato y respondió: “Eso está en investigación por parte de Fiscalía, Contraloría y la Procuraduría. La junta no contrata. Nosotros recomendamos que hubiera un estudio. De ahí a saber quién lo hace y si el vicepresidente tenía las facultades; sí las tenía por monto, por cuantía. Pero ¿eso era lo que quería la junta? No. Me parece importante que se tengan salvaguardas para que esto no vuelva a pasar”.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, “era el investigado. A él fue a quien le quitaron el teléfono, el computador y a 70 funcionarios más. Estaba totalmente sorprendido”, aclaró De Greiff.
El escándalo motivó a que varias cabezas rodaran al interior de la empresa, informó.
