El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra en una barrida de cargos clave, previo a las elecciones presidenciales y legislativas. Uno de los despedidos fue Edgar Rojas, cónsul de Colombia en Bilbao, quien estaba a meses de alcanzar su edad de pensión.
Rojas fue nombrado en provisionalidad, y en principio se argumentó que su retiro se debía a que existían funcionarios de carrera en fila para ocupar el cargo, pero lo cierto es que terminó siendo nombrado Carlos Victoria Mena, exgerente de campaña de Gustavo Petro en Risaralda y militante del Pacto Histórico.
Frente a lo ocurrido, Rojas interpuso una tutela contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, alegando que lo dejaron desprotegido, padeciendo una enfermedad y con 61 años de edad.
“Argumentó que el accionante depende exclusivamente de su salario, no cuenta con ahorros significativos ni redes de apoyo, y a su edad ve reducida su posibilidad de reinserción laboral y que padece de hiperplasia prostática benigna y una alteración en el metabolismo del hierro, condiciones que requieren seguimiento médico especializado y tratamiento permanente”, se lee en la tutela.
Pues la tutela se resolvió a favor de Rojas y, pasadas las 48 horas de ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores desacata la orden del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
El juzgado resolvió que, de existir vacantes disponibles, se debe nombrar a Rojas en un cargo igual o equivalente al que tenía como cónsul en Bilbao.
O, en su defecto, se deberá incluir en una lista para ser nombrado en provisionalidad en vacantes que surjan futuramente, mientras persistan las condiciones que dan lugar a la protección.
Finalmente, se debe afiliar al excónsul a la seguridad social, pero nada de esto ha sido cumplido por la Cancillería.
A horas de la Ley de Garantías, la Cancillería ha barrido con al menos 130 trabajadores y, como ocurrió en Bilbao, se está primando el nombramiento de fichas cercanas al presidente Gustavo Petro.