SEMANA conoció en exclusiva la notificación de la Procuraduría General de la Nación donde informa una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Esto luego de que la representante a la Cámara, Katherine Miranda, había presentado la queja disciplinaria para que se adelantara la investigación respecto de la actuación de los servidores públicos.
“Celebramos que la Procuraduría General de la Nación haya abierto investigación previa por el contrato de los 10 mil millones de pesos con el que pretendían pagar con plata de los impuestos de todos los colombianos la defensa personal de Gustavo Petro y de Verónica Alcocer por su inclusión en la lista Clinton”, dijo Miranda al conocer el informe.
Miranda denunció en su momento dicho contrato suscrito por la Presidencia de la República para la defensa del jefe de Estado Gustavo Petro ante autoridades estadounidenses.
“Esta investigación se abre gracias a la denuncia que presentamos ante la Procuraduría y Contraloría. Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos son recursos sagrados y se tienen que respetar”, argumentó la representante a la Cámara.
Katherine Miranda, representante a la Cámara, celebra la decisión de la Procuraduría de abrir una indagación previa al Dapre por millonario contrato de la Presidencia para la defensa de Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7apRruO2VK
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 16, 2026
En la notificación de la Procuraduría se lee que dicho contrato de prestación de servicios profesionales No. 001 de 2026 fue suscrito el 9 de enero de 2026 y con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026.
“Mediante la modalidad de contratación directa, con la firma AMADEUS CONSULTANCY LIMITED, por un valor aproximado de $10.000.000.000, con cargo al Presupuesto General de la Nación”, dice parte del texto.
De acuerdo con la entidad, los servicios estaban enfocados en “asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales”.
El ente de control presentó varios puntos, donde en uno de ellos se refiere a que “en el contrato no se exigieron garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía, circunstancia que incrementa el riesgo fiscal y patrimonial para el Estado y debilita los mecanismos de protección del patrimonio público”.
Así mismo, la Procuraduría pidió algunas pruebas al Dapre con relación a dicho contrato, como copias, estudios previos, entre otros datos.
