Según la periodista, la gestión de la administración actual mermó las capacidades logísticas y de salud pública esenciales para la atención de desastres.
La analista enfatiza que la infraestructura pública no cuenta con las condiciones de preparación requeridas para este tipo de contingencias.
Con respecto a la actuación gubernamental inmediata y el estado de los servicios públicos, la columnista cuestiona la efectividad de las autoridades locales frente a los colapsos estructurales.
Hernández-Mora afirma en su columna de opinión:
“La respuesta oficial ha sido deficiente. Devastaron todas las instituciones y la sanidad pública. Ver en estos momentos a Delcy Rodríguez dándoselas de dirigente comprometida y preocupada por su pueblo produce náuseas. Lo urgente es rescatar vidas y luego se abordará la recuperación material”.
Evaluaciones financieras e impacto en la población local
El documento de análisis aborda de igual manera la situación macroeconómica del vecino país, contrastando los datos reportados por organismos multilaterales.
La periodista expone que las obligaciones financieras del Estado superan los cálculos iniciales que mantenían las entidades internacionales de financiamiento.
De igual forma, describe el encarecimiento de los productos básicos de consumo, lo que restringe el poder adquisitivo de los hogares en el territorio nacional.
Haciendo referencia a las cifras económicas oficiales, la analista señala que “esta semana se conoció que la deuda del país no son los 150 mil millones de dólares que había calculado el Fondo Monetario Internacional, sino 240 mil millones de dólares. Además, la inflación se calcula en el 60 por ciento y el costo de la canasta familiar se ubica en unos mil dólares al mes, una cifra que es inalcanzable para la mayoría de las familias”.
Gestión de ayuda internacional y panorama de derechos políticos
La columnista sugiere la necesidad de implementar mecanismos internacionales externos de fiscalización en caso de que se determine el envío de recursos de asistencia humanitaria.
Desde su perspectiva, los antecedentes administrativos locales exigen que los flujos de apoyo sean canalizados por gobiernos extranjeros para garantizar su distribución efectiva entre las comunidades afectadas de la costa central y la capital venezolana.
Finalmente, su análisis vincula la coyuntura del desastre con la situación de los líderes de oposición y las libertades civiles en el entorno político actual.
Hernández-Mora concluye en su espacio editorial que “los dos sismos muestran un país sin recursos humanos ni materiales para afrontar una catástrofe. Además, continúan los presos políticos y persiguen a los opositores, impidiendo que los críticos puedan retornar a Venezuela sin correr el riesgo de ser apresados por los hermanos Rodríguez o Diosdado Cabello”.