Fallo de la CIDH a favor de Gustavo Petro, ¿qué puertas abre?

El pasado martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano de violar los derechos políticos del exalcalde de Bogotá, hoy senador de la República, Gustavo Petro. De acuerdo con este organismo internacional, estos se vieron afectados con la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2013 cuando lo destituyó como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos.

Puntualmente, el fallo de la CIDH se centró en la violación de cláusulas de la Convención Interamericana, especialmente el artículo 23.2, que determina que la reglamentación legal de los derechos políticos puede referirse a condena por juez penal competente que, en la práctica, equivale a que su limitación, en especial el derecho a ser elegido, no puede darse por parte de autoridades administrativas.

Por lo tanto, la Contraloría General de la República se pronunció al respecto y advirtió que, sin duda, el fallo de la CIDH implica un golpe a la estructura competencial constitucional y legal del Estado Colombiano, y un desafío de adecuación del ordenamiento jurídico interno.

“Es claro que los órganos de control fiscal se ven afectados, en tanto que una de las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad fiscal, exclusivamente frente al grupo de servidores de elección popular y en especial alcaldes y gobernadores, donde confluye la calidad de gestores fiscales, se torna inaplicable, y ello abre la puerta a que los efectos disuasivos de la responsabilidad fiscal se vean mermados de manera lamentable”, indicó el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.

Por lo tanto, el fallo de la CIDH a favor del exacalde de Bogotá, hoy senador de la República, pone en alerta el control disciplinario en Colombia. Por ello, el tema central en el programa "El Debate", bajo la dirección de Vicky Dávila, está orientado a que si todos los funcionarios elegidos popularmente que han sido destituidos, tendrían que ser reparados.

En "El Debate", Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, opinó que el fallo de la CIDH supondría un “reordenamiento jurídico y una reasignación o modificación de funciones”, especialmente por parte de la Procuraduría, en cuanto a procesos disciplinarios de cualquier funcionario público elegido por voto popular. “Lo que sigue es una discusión legal en ese sentido y analizar cuáles serían esas implicaciones”, agregó, haciendo referencia al fallo del organismo internacional a favor de Petro.

Para Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, el fallo de la CIDH es muy importante para Colombia. “Si bien el Consejo de Estado había determinado casos como el de Alonso Salazar, o el propio caso de Petro, lo cierto es que no se ha adecuado la normatividad internacional con la nacional, y tanto la Contraloría como la Procuraduría son órganos administrativos, no judiciales, y combatir la corrupción va a depender muchísimo de cómo se financia la campaña, quién te financia y quién eres, abaratar costos; la financiación debe ser estatal para no pagar favores a quien los lleva a cargos de elección popular”, explicó.

Entre tanto, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, dijo que tras el fallo de la CIDH es necesario ver cuál es la interpretación que le da la Corte Constitucional a la decisión de un organismo internacional. Explicó que estos fallos internacionales forman parte de lo que llaman bloque de constitucionalidad, es decir, existe obligatoriedad de ser ajustados en la normatividad colombiana.

“Como interprete esto la Corte Constitucional, realmente va a definir los efectos y los alcances que esto tenga en materia de la utilización de las sanciones que hace la Procuraduría y la Contraloría como herramienta. Otro ámbito es el tema de la soberanía en sí mismo, y es si siempre que se tome una medida de estas a nivel internacional, más allá del bloque de constitucionalidad, necesariamente hay que adoptarlo a rajatabla”, agregó el exministro de Defensa.

Por su parte, Julio César González, el caricaturista Matador, coincidió con Garzón en que el fallo de la CIDH a favor del exalcalde de Bogotá es muy importante, puntualmente en el ordenamiento jurídico. Argumentó que si algo se ha visto en los últimos tiempos es que, a su modo de ver, se han utilizado los entes de control para presionar a adversarios políticos, y puso como ejemplo a Gustavo Petro. “A mí me parece un fallo histórico y tremendo. Y, además, obviamente es vinculante, por lo que yo veo esto de manera muy positiva”, aseguró.

A su turno, María Andrea Nieto, exdirectora del Sena, opinó que ese fallo demuestra la necesidad que hay en el país de reformar la justicia. Indicó que la Procuraduría y la Contraloría no pueden ser entidades que se utilicen para, según ella, frenar la carrera política “de los enemigos” o, por el contrario, “impulsar carreras políticas”.

“En su momento habría que preguntarse si el exprocurador Alejandro Ordóñez emitió el fallo con sesgo político. Y cuando hay política dentro de la justicia, pues se generan unos desbalances y desequilibrios. Colombia necesita revisar qué está pasando en la Procuraduría y la Contraloría y cómo es que esas personas llegan a ocupar esos cargos y cuáles deben ser las inhabilidades para que no sigamos teniendo procuradores candidatos a la Presidencia de la República”, dijo Nieto.