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Denuncian cacería y muerte de un puma concolor en resguardo indígena del Cauca

Los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) realizaron una visita a la casa del cabildo del resguardo Quichaya, para ejecutar la respectiva indagación.


Un nuevo ataque a la fauna silvestre en otra región del país salió a la luz pública este lunes 4 de abril. Esta vez, organizaciones defensoras denunciaron la cacería y muerte de un puma concolor, en un resguardo indígena del Cauca.

La semana pasada, en Tolima, trascendió la noticia de la cacería de más de 300 águilas cuaresmeras, a manos de cazadores ilegales. Estas aves migran desde diferentes países de América Latina y estaban de paso por esta región de Colombia.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) precisó que sus funcionarios realizaron una visita a la casa del cabildo del resguardo Quichaya, para ejecutar la respectiva indagación de la muerte del puma concolor.

Según informó el CRC en un comunicado de prensa, el proceso de verificación en la zona contó con el acompañamiento del Gobernador del Cabildo, Inocencio Yonda Peña, quien manifestó que en atención al reporte de la comunidad, como autoridad del territorio, el cabildo recuperó en una vivienda abandonada la piel del felino en mal estado y por tanto se había procedido a su incineración.

Frente a esta situación, los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca solicitaron realizar inspección ocular en el lugar donde se llevó a cabo esta acción. Sin embargo, recibieron una negativa por parte de la autoridad ancestral de la zona, además no aceptaron coordinar acciones de prevención y control de la caza indiscriminada de fauna silvestre en el sector.

El gobernador de este cabildo indígena manifestó que como autoridad del territorio abrirá una investigación para establecer quién fue el responsable de la muerte del felino y se encargará de castigar por los delitos que ocurran en la comunidad.

“Según fuentes anónimas de la comunidad y registros fotográficos se puede asegurar que en el resguardo existen cazadores furtivos por lo que desde la CRC se adelantarán las acciones necesarias y se dará traslado a la Fiscalía para que investigue esta situación, y se actúe de acuerdo al ordenamiento jurídico”, informaron.

Yesid González Duque, director general del CRC, indicó que notificarán a la Fiscalía para que tome medidas pertinentes frente a este suceso. Repudió todo acto que atente contra los recursos naturales y reiteró su llamado a la comunidad para que sigan denunciando cualquier acto de violencia. “Como autoridad ambiental seguiremos protegiendo la fauna y flora de nuestro departamento”, acotó.

Mataron más de 300 águilas cuaresmeras

Cazadores inescrupulosos mataron más de 300 aves de la especie ‘Buteo swainsoni’, conocida como águilas cuaresmeras, en las veredas de El Cucharo y Taberas en el municipio de Falan, de Tolima, la semana pasada.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) informó que se enteraron del hecho a través de una denuncia anónima, y un equipo de la corporación pudo evidenciar la cacería de estas aves, que durante esta época se encuentran de paso por la región.

De acuerdo con el relato presentado por los denunciantes y por la comunidad, más las evidencias recolectadas, los cazadores les habrían quitado la vida a por lo menos 100 individuos en la vereda El Cucharo y a otros 200 más en la vereda Taberas de Falan.

Olga Lucía Alfonso, directora general de Cortolima, rechazó este tipo de acciones contra la fauna silvestre, e indicó que estas aves desafortunadamente fueron atacadas por cazadores ilegales. “Esto no solo afecta la fauna del Tolima sino que afecta los ecosistemas mundiales por ser aves migratorias. Estamos pidiéndole a la comunidad que nos ayude a controlar este tipo de acciones para ejercer nuestra responsabilidad para judicializar a las personas responsables”, dijo la funcionaria.

La Ley 2111 de 2021 sobre delitos contra los recursos naturales y el medioambiente indica que la cacería ilegal podría dar cárcel de 16 a 54 meses y multa de 33 a 937 salarios mínimos legales mensuales vigentes.