En una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Propal, empresa de la Organización Carvajal que produce pulpa, papel y cartulinas, celebrada este 31 de julio, se aprobó una proposición para presentar ante la SuperSociedades una solicitud de apertura de un proceso de liquidación judicial, que fue radicada hoy y se estima finalice entre 18 y 24 meses.
En un comunicado, Propal explicó que la compañía ha venido enfrentando factores externos que han afectado sus resultados financieros y operativos, como la decisión de interrumpir las operaciones industriales de la planta de Yumbo el pasado 11 de abril de 2025.
Agregó que hoy esos factores externos se han agravado, a pesar de la imposición de medidas antidumping. En su pronunciamiento, aseguró que las condiciones de precios del mercado han persistido. A esto se suma la revaluación del peso colombiano frente al dólar, que impacta directamente a la baja los ingresos (tanto en el mercado doméstico como de exportación), además de las presiones que sufre la industria por el incremento de sus costos, factores fuera del control de la compañía.
“Agotadas todas las acciones ejecutadas o evaluadas —incluidos múltiples planes de eficiencia y ahorro, asesoramiento de firmas especializadas, exploración de inversionistas y diversificación de líneas productivas—, y con base en un análisis financiero y técnico de la mayor diligencia, se concluyó que Propal no cumple actualmente con la hipótesis de negocio en marcha y que continuar operando solo incrementaría sus pérdidas operativas y deterioro del patrimonio”, afirmó la firma, razón por la cual tomó la decisión de radicar la solicitud ante la SuperSociedades.
Además, Propal ha decidido interrumpir las operaciones de su planta industrial ubicada en el municipio de Guachené, departamento del Cauca, a partir del día de hoy 31 de julio, a raíz de las pérdidas operativas actuales.
“Esta ha sido una decisión dolorosa pero necesaria, tomada con el ánimo de proteger a los terceros, tras agotar rigurosamente todas las opciones de transformación y sostenibilidad operativa. La liquidación judicial es un proceso legal y ordenado contemplado en la ley colombiana (Ley 1116 de 2016) que se tramita ante la Superintendencia de Sociedades y que garantizará los derechos de todos los acreedores. Abordaremos esta etapa bajo la estricta observancia de la ley y con la responsabilidad ética que nos ha caracterizado. Finalmente, reiteramos que hoy la prioridad de Propal es acompañar a nuestros colaboradores en este proceso, para el cumplimiento y pago de todos sus derechos y prestaciones laborales”, concluyó la empresa en su comunicación.