La Fiscalía tiene abundante material probatorio que demostraría cómo Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, habría utilizado entidades públicas de esa ciudad para llenarse los bolsillos de dinero. SEMANA revela nuevos insumos del presunto entramado ilegal que habría liderado el pariente del exmandatario local.
La teoría principal del ente de investigación es que Quintero habría incurrido en los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y en peculado por apropiación, principalmente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en Metroparques y en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
La línea que falta por esclarecer es si el alcalde de ese momento, su hermano, habría dado el visto bueno para que Miguel Quintero tomara el control de esas entidades y ordenara la contratación a su antojo. Ambos, públicamente, negaron los señalamientos y denunciaron una posible persecución política.
Las personas que escuchó la Fiscalía en medio de la recolección de pruebas manifestaron que el pariente del exmandatario no solo habría dirigido los procesos contractuales, sino que también lo acusaron de cobrarles millonarias coimas a empresarios a cambio de proyectos y obras en el Valle de Aburrá.
El aparente alcance criminal de Miguel Quintero se sostiene en la investigación con las versiones de sus aliados, conversaciones de WhatsApp, transferencias bancarias, documentos públicos y grabaciones de audios y videos que empezarán a ser destapados en medio de la audiencia de imputación de cargos.
Piñata de contratos
SEMANA accedió a una parte de los mensajes que fueron analizados con lupa por la Policía Judicial. En los textos se percibe la manera sobre cómo Miguel Quintero seleccionaba al personal para trabajar en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pese a que no tenía vinculación alguna en esa corporación.
En el chat intervinieron Miguel Quintero; Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, y Jorge Liévano, exgerente de Metroparques. El primero emitía las órdenes por medio de un grupo de WhatsApp y los demás se encargaban de materializarlas al pie de la letra.
El 13 de febrero de 2020, 44 días después de la posesión del alcalde, Miguel Quintero envió al chat la hoja de vida de una mujer identificada como Jennifer Quiceno y escribió: “Para planeación”. Villada, que gestionaba los contratos, no lo refutó: “Sí, tiene estudios y experiencia”.
El 21 de febrero de 2020, Villada remitió la hoja de vida de una mujer al cuestionado grupo de WhatsApp y le indagó a Miguel Quintero: “Mr. M, esta Dra. que la tenía engavetada, ¿la pongo a jugar o stop?”. Quintero respondió: “¿Quién es esa?”. “No sé, stop con eso entonces”, agregó Villada.
Miguel Quintero recibía todos los pormenores de las contrataciones. Tanto así, que el 25 de febrero de 2020, Álvaro Villada le envió la fotografía de un documento que estaba listo para firmar entre el Área Metropolitana y una contratista nombrada como Yeny Andrea Giraldo: “Falta que venga a firmar”, se le reportó.
El 15 de marzo del mismo año, Miguel Quintero compartió otra instrucción: la hoja de vida de una mujer, identificada como Paula Andrea Giraldo, que debía considerarse para un contrato de prestación de servicios. Villada, su ficha clave en el Área Metropolitana, cedió sin cuestionarlo: “OK. De una. Mañana la patinamos”.
Coimas, bajo lupa
Otra de las líneas de investigación de la Fiscalía es que, presuntamente, Miguel Quintero y sus aliados habrían cobrado coimas a empresarios para acceder a contrataciones y obras en la ciudad de Medellín. Al parecer, habría recibido dinero, automotores e inmuebles en el Valle de Aburrá. En el chat de WhatsApp habría insumos de eso.
Por ejemplo, el 20 de mayo de 2020, Quintero les detalló a sus interlocutores la adquisición de un bien y les anticipó una celebración: “¿Qué hacen, amiguis perdidos? Hoy tengo una minifiesta. Están invitados. Voy a medio inaugurar el nuevo apto (apartamento)”. Álvaro Villada y Jorge Liévano confirmaron la asistencia. Quintero, a su vez, les dijo que no se arrepentirían y les compartió las fotografías de las mujeres que estarían en el sitio.
Un año después, el 11 de febrero de 2021, Miguel Quintero les comentó sobre un nuevo apartamento a través de un video que difundió en el mismo grupo de WhatsApp: “Es una cosa chiquitica, pero es lo que necesita uno para descansar cuando está acá. Aquí tiene una vista”, y mostró una panorámica, aparentemente, del Valle de Aburrá.
En uno de los contratos que estudió la Fiscalía, alcanzado entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, se sospecha de un presunto desvío de recursos públicos y cobro de comisiones económicas por supuestos favorecimientos en la adjudicación de dichos contratos.
Por esa razón serán imputados no solo Miguel Quintero y Álvaro Villada, sino también la contratista Vanessa Álvarez y Sebastián de Jesús Ortega, un particular que habría participado en la operación ilegal y conocido en esa zona de Antioquia por ser el hijo del controvertido excongresista William de Jesús Ortega.
Las dudas del proceso
SEMANA conoció que los principales testigos de este proceso no tienen protección del Estado, pese a las amenazas e intimidaciones que han recibido en los últimos meses para alterar o cambiar la versión que suministraron ante la Fiscalía General de la Nación. Aunque se le pidió a la Unidad Nacional de Protección una medida especial, la administración de Gustavo Petro negó la solicitud.
De igual manera, genera preocupación el aplazamiento constante de las audiencias de imputación de cargos. En tres oportunidades se ha cancelado y reprogramado. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó y sembró dudas sobre la aparente estrategia de dilatación que tendría la contraparte.
“Van tres aplazamientos; han dilatado tanto este proceso que hemos acudido ante la justicia para que investiguen qué está pasando en este proceso; esto ya no es normal. Para robarse a Medellín no necesitaron aplazamientos. Les llegó la hora”, comentó el mandatario de la capital de Antioquia.
Se espera que el próximo jueves 10 de septiembre se materialice la audiencia de imputación de cargos a las 2:30 de la tarde. Tanto la Fiscalía como las víctimas en el expediente (la Alcaldía de Medellín) pedirán que Miguel Quintero y sus aliados sean enviados a la prisión por el posible alto riesgo de interferencia en las investigaciones.
SEMANA intentó ubicar a Miguel Quintero para conocer sus opiniones al respecto, pero no fue posible localizarlo.