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“Otro daño social del gobierno Petro”: Álvaro Uribe denuncia retrasos de pagos en el programa de alimentación escolar
Según el exmandatario, esos atrasos se vienen generando desde abril en “muchos” municipios del país. El gobierno, dijo el exmandatario, se gasta los recursos “en burocracia y derroche”.
El expresidente Álvaro Uribe criticó el estado de uno de los programas bandera en materia de educación en el país: el estado de los PAE (programas de alimentación escolar).
En la madrugada de este sábado, el exmandatario advirtió que en muchos municipios de Colombia el programa de alimentación escolar tiene atrasos de pagos desde abril. “Otro daño social del gobierno Petro”, dijo Uribe en un trino en su cuenta de X en la madrugada del sábado.
Agregó que ya hay sitios donde está suspendido, “todo porque el gobierno Petro no gira los recursos que se los gasta en burocracia y derroche”.
Cabe recordar que hace unos días, la Contraloría General de la República lanzó una alerta: existe riesgo en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que podría llevar a su suspensión desde septiembre de 2025, debido al déficit de 500.000 millones de pesos que aún no han sido asignados para garantizar su continuidad. De no cubrirse este faltante, más de 3.500.000 niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas quedarían sin acceso a este servicio esencial.
Esta advertencia la hizo el ente de control con base en información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto de unas mesas de control social participativo desarrolladas la última semana por la Contraloría Delegada para Educación en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo revisión a la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Contraloría General hizo un llamado urgente al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación Nacional y a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que, de manera articulada, aseguren los recursos necesarios que demanda el PAE.
“La interrupción del Programa no solo tendría graves consecuencias sociales y educativas, sino que además generaría cuestionamientos públicos e institucionales, considerando la naturaleza constitucional del derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo”, dijo en su momento la Contraloría en un comunicado.
