A la expectativa del desarrollo de la etapa más intensa del fenómeno de El Niño, que ha revivido los fantasmas del apagón en Colombia, una nueva tensión se registra entre las generadoras de energía, representadas en Acolgen, y entidades de vigilancia del Gobierno, como las superintendencias de Industria y Comercio y la de Servicios Públicos.
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, rechazó “con contundencia” lo que llamó el patrón de actuaciones de las superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio (SIC) contra las empresas generadoras. “No son hechos aislados: su reiteración estigmatiza a un sector estratégico y construye una narrativa que pretende responsabilizarlo por los riesgos que hoy enfrenta la seguridad energética”, señaló en su cuenta de X, al advertir que se han intensificado las investigaciones, requerimientos y pronunciamientos públicos contra las generadoras de energía.
Además, resalta el momento en que se da esta situación: cuando el país se prepara para enfrentar la etapa más exigente del fenómeno de El Niño y está por iniciar un nuevo Gobierno.
Y se pregunta: ¿por qué, a pocos días de terminar este Gobierno, se pretende instalar la idea de que las empresas generadoras son responsables de los problemas del sistema eléctrico?, cuando, a su juicio, los hechos muestran una realidad muy distinta.
En su pronunciamiento, Gutiérrez asegura que la supervisión y la investigación hacen parte de las funciones legítimas de la Superservicios. Sin embargo, agrega, preocupa la reiteración de actuaciones que ponen en entredicho y desinforman sobre la operación de los embalses, las ofertas de energía y el funcionamiento del mercado y cientos de empresas del sector, “siempre con base en prejuicios, lecturas antitécnicas y anuncios públicos de tinte político, que coinciden con momentos coyunturales”.
La dirigente gremial afirma que el problema no es cada actuación considerada aisladamente, sino su acumulación, su coincidencia con pronunciamientos amenazantes y su articulación temporal con las investigaciones anunciadas por la SIC sobre las ofertas de los generadores. “Este proceder deteriora injustamente la reputación del sector y alimenta una narrativa que no corresponde con la realidad”.
Añade: “Las investigaciones son una facultad legítima del Estado. Lo que no es legítimo es convertir su apertura en una condena anticipada o utilizarlas comunicacionalmente para instalar la idea de que los generadores son responsables de una situación de estrechez energética que tiene múltiples causas”.
En su pronunciamiento, Gutiérrez explica que los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico no nacieron de las ofertas de las empresas. Por el contrario, asegura que “son consecuencia de intervenciones antitécnicas en el mercado, cambios abruptos en las reglas de juego, retrasos en generación y transmisión, ausencia de señales suficientes para invertir en energía firme, cuellos de botella no resueltos y una deuda creciente con los generadores que amenaza la sostenibilidad financiera del sistema”.
Manifiesta que una investigación no prueba una infracción, al igual que una oferta en bolsa, por sí sola, tampoco demuestra una conducta anticompetitiva. “El mercado eléctrico funciona bajo reglas técnicas complejas que exigen considerar los costos, la disponibilidad de las plantas, el valor del agua, los combustibles y las condiciones del sistema. Mucho menos resulta aceptable que análisis que deben adelantarse con rigor y debido proceso se conviertan en pronunciamientos públicos orientados a trasladar responsabilidades”.
Fue enfática al señalar que las empresas generadoras no son el problema. “Han invertido más de 140 billones de pesos durante los últimos 30 años en proyectos y centrales de generación, además de importantes inversiones sociales y ambientales. Han construido plantas, asumido obligaciones de energía firme y mantenido disponible la infraestructura que ha permitido que Colombia tenga electricidad incluso en los momentos más difíciles”.
Para ella, el país necesita recuperar la confianza para atraer inversión y fortalecer su seguridad energética. “Las autoridades deben ejercer sus funciones con objetividad, rigor técnico y respeto por el debido proceso, no construir culpables anticipados para explicar las consecuencias de decisiones de política pública que no se tomaron a tiempo y de problemas que el propio Gobierno contribuyó a producir”, concluye.