Es una realidad: por ley, las facturas a empresas se pagarán a plazos justos

Colombia dio este miércoles en la noche un paso definitivo en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, golpeadas fuertemente por la pandemia del coronavirus.

El hito se dio de manera virtual en la sesión plenaria del Senado, donde se aprobó -por unanimidad- un proyecto de ley para que las empresas reciban el pago de sus facturas a plazos justos.

La iniciativa busca justamente acabar con la histórica práctica de girar los pagos y obligaciones en 3, 6 y hasta 12 meses. Es decir, con esta ley, las pymes tendrán liquidez más rápidamente de parte de las grandes empresas, lo cual se hace todavía más urgente en medio de la crisis actual.

Mauricio Toro, representante a la Cámara y autor del proyecto, señaló que esta una excelente noticias para los emprendedores de Colombia.

"Este proyecto busca que le paguen a máximo 45 días sus facturas y, de esa manera, tengan el flujo de caja suficiente para mantener el empleo, pagar arriendos y subsistir, más aún en situaciones como las que vivimos hoy en día".

Es importante señalar que al proyecto le falta un último trámite (la conciliación), que debe darse como máximo este sábado 20 de junio, día en que termina la legislatura. 

Sin embargo, se prevé que este sea un trámite fácil tanto en las plenarias de ambas cámaras, dado el apoyo unánime que le han dados las bancadas a esta iniciativa.

La votación de esta conciliación se daría este viernes, con lo cual el proyecto pasaría a sanción presidencial y entraría a regir el primero de enero del 2021.

En ese momento, los pagos de las facturas deberán realizarse máximo a 60 días calendario. Esto será durante el primer año de entrada en vigencia de la ley. Una vez se cumpla ese tiempo, el tope bajará a 45 días.

Solamente se permite acuerdo de pagos de facturas a más de 60 días entre las grandes empresas, para evitar posición dominante. En tanto, en el sector salud se fijó un período de gracia de tres años para pagar las facturas a máximo 60 días. 

Finalmente, en materia de contratos con el Estado se autorizó un plazo justo de dos meses, siempre y cuando tengan disponibilidad de su Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Pasados tres años, el Gobierno evaluará el impacto de esta ley sobre la competitividad y productividad del sector privado en el país y, en particular sobre los costos, la liquidez, las utilidades y la esperanza de vida de las pequeñas y medianas empresas.