Economía
El precio de las demandas contra el Estado: las pretensiones de estos litigios suman más de 750 billones de pesos
Mientras en el último lustro de la década pasada el promedio anual de procesos activos era de 13.000, para 2024 la cifra ascendió a 70.000. Otro frente de presión fiscal.
La incertidumbre jurídica por decisiones del Gobierno está aumentando las controversias y litigios en el país.
Uno de los hechos más recientes se dio por cuenta de la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud. La Corte Constitucional dejó sin efectos esta intervención por vulnerar el debido proceso, ordenando la restitución a sus accionistas, que aún no se ha dado.
Esta situación generó una controversia internacional: las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital (dueñas de Keralty, el grupo al que pertenece EPS Sanitas) demandaron a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) –institución que forma parte del Banco Mundial– por “expropiación indirecta”, reclamando 1.200 millones de dólares.
Los litigios contra el Estado han aumentado de manera significativa en los últimos cinco años. Un informe de Anif establece que entre 2015 y 2020 se registró un promedio de 13.000 procesos activos por año, pero en 2024 la cifra ascendió a 70.000 procesos activos. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), las pretensiones de estos litigios alcanzaron 753 billones de pesos a junio de 2025, lo que representa un incremento de 326 billones (133 billones en pesos constantes) frente al total observado al cierre de 2019.
En 2025, a corte de junio, las demandas ya alcanzaron las 28.700, muy por encima del promedio histórico. De mantenerse este comportamiento en lo que resta del año, el número de casos podría alcanzar los 57,4 mil al cierre de 2025. Esta estimación depende de que los casos que concluyen con fallo definitivo y dejan de estar activos, además de los admitidos adicionalmente mantengan el mismo patrón de comportamiento registrado hasta la fecha. Con lo anterior, la mayoría de los procesos activos (248.953 casos, equivalentes al 76,1% del total) han sido admitidos a partir de 2020. Destaca particularmente el aumento de litigios no laborales, que pasaron de 3,2 mil demandas en 2015 a 14,5 mil en 2024.
Se estima un incremento equivalente de 133 billones de pesos en términos reales, lo que representa un adicional del 22%. En el caso puntual de las pretensiones arbitrales en los litigios de inversión internacionales, estas se han mantenido prácticamente inalteradas en los últimos tres años, al pasar de 59,6 billones de pesos en 2023 a cerca de 60 billones en el primer semestre de 2025, lo que sugiere un nivel de riesgo estable, pero aún relevante para las finanzas públicas.
“Sin duda, estas cifras sobrepasan las capacidades fiscales del Estado. De hecho, si bien el Fondo de Contingencias fue creado y fortalecido bajo la idea de provisionar al Estado ante futuros fallos desfavorables, nuestros estimativos sugieren que cuenta con un saldo menor al reportado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 de tan solo 6 billones de pesos, contando los aportes, rendimientos, egresos y retiros. Preocupa además que durante la presente vigencia fiscal dicho Fondo de Contingencias no ha tenido aportes del Presupuesto General, siguiendo los lineamientos del Decreto 1523 de 2024”, manifiesta el estudio.
Estos procesos no solo constituyen un desafío jurídico, sino que también tienen implicaciones fiscales, advierte el centro de pensamiento, con preocupaciones adicionales: a las decisiones controvertidas también se suma un deterioro en las condiciones de seguridad, el cual pone en riesgo la vida de la población civil y aumenta la litigiosidad en reparación directa o por perjuicios causados a un grupo específico, en ausencia de las condiciones de seguridad que debe brindar el Estado.
El aumento de las pretensiones acumuladas constituye un pasivo contingente que, de materializarse, presionaría aún más las finanzas públicas en un contexto de escaso espacio fiscal.
“Aunque la tasa de éxito de la Agencia en estos procesos sigue siendo alta, el incremento en el número de demandas sugiere que el pasivo por sentencias y conciliaciones desfavorables es superior al estimado por el Gobierno y se acercaría a 29 billones de pesos (1,6% del PIB) con relación a los pleitos nacionales”, afirma el informe.
La tasa de éxito general, que involucra la defensa por parte de las entidades públicas, sin contar la intervención de la ANDJE, mejoró del 46,4% en 2019 al 52,6% en 2024, aunque en el primer semestre de 2025 se ubicó en 49,4%, explica el estudio. En los casos donde interviene la ANDJE, la tasa de éxito alcanzó el 88,2% de fallos favorables para el Estado en 2024, cifra significativamente superior al 50% registrado en 2019. Lo anterior indica un mayor éxito relativo de la ANDJE, derivado de su vocación litigante en los procesos de defensa o de la intervención activa en casos que la agencia considera de mayor interés y favorabilidad para el Estado.
Preocupa que el aumento de la inseguridad en el país, los atentados contra la población y decisiones controversiales, como la intervención de las EPS, puedan elevar aún más dicha cifra.
El pasivo por la litigiosidad contra el Estado supera los recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, que, si bien en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 reporta tener cerca de 6 billones, “nuestras cuentas sugieren un saldo menor, y que en la presente vigencia fiscal no ha recibido aportes del Presupuesto General, en línea con lo dispuesto en el Decreto 1523 de 2024”.
Por último, Anif asegura que el Estado debe reforzar su defensa jurídica, retomar los aportes al Fondo de Contingencias y evitar decisiones que induzcan a la inseguridad jurídica. Asimismo, es fundamental realizar pagos oportunos de los fallos desfavorables para mitigar la presión fiscal asociada a los intereses de mora de dichos litigios.
