Después de haber sido por años autosuficiente en materia de gas natural, hoy Colombia importa cerca del 30% de la demanda nacional, ante la caída en las reservas, la decisión del gobierno anterior de no explorar y la negativa de avanzar en proyectos de yacimientos no convencionales, más conocidos como fracking.
Sin embargo, como lo demuestran experiencias en Estados Unidos y Argentina, el fracking puede ser una respuesta relativamente rápida a las dificultades de abastecimiento que hoy tiene el país en materia de gas y podría ampliar el volumen de sus reservas de petróleo.
De hecho, el año pasado, el expresidente de Ecopetrol y hoy CEO de GeoPark, Felipe Bayón, sentenció: “La manera más rápida de resolver el problema del gas en Colombia es haciendo fracking”, y dijo que en menos de dos años se tendría resuelto el problema de abastecimiento energético.
Según Anif, mientras las reservas de petróleo permanecen relativamente estables, las de gas se han reducido más de 50% desde 2018, comprometiendo el abastecimiento futuro. “La llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad incrementa la vulnerabilidad del sistema energético, al elevar la demanda de gas para generación térmica en un contexto de menor producción nacional y mayores costos de importación”.
La situación es tal que Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, sugirió recientemente que, ante el debate por las reservas de gas natural, se debería iniciar con el fracking de inmediato, y fue más allá: “No estamos para pilotos”.
De acuerdo con un informe de Corficolombiana, Colombia cuenta con un potencial significativo de yacimientos no convencionales, que podrían tener impactos relevantes sobre la seguridad energética y la economía, en un escenario en el que, durante más de dos décadas, el sector minero-energético fue un activo esencial para el desarrollo del país. En promedio, representó cerca del 35% de las exportaciones, concentró alrededor del 40% de la inversión extranjera directa y en promedio el 12% de los ingresos fiscales entre 2013 y 2024 (equivalente al 2,6% del PIB). Estos recursos contribuyeron al financiamiento del Estado, a la estabilidad externa y al crecimiento económico, advierte el informe.
Pero el gobierno Petro decidió no realizar más contratos de exploración y no avanzar en los proyectos de fracking en el país, por una posición ideológica, que llevó –incluso– a presentar iniciativas legislativas en el Congreso de la República buscando la prohibición de esta técnica en territorio colombiano.
“Fedesarrollo advirtió que la transición energética debe avanzar de manera gradual y compatible con la seguridad energética del país, considerando que Colombia no podrá electrificar completamente su consumo energético ni abastecer toda su demanda con fuentes renovables durante al menos dos décadas, y que una suspensión acelerada de la exploración de gas podría generar costos superiores a 112 billones de pesos en apenas tres años”, cita el informe.
Las consecuencias de este cambio de rumbo han sido evidentes. El valor agregado del sector se encuentra 20% por debajo del nivel registrado en 2019, ubicándose como el segundo más rezagado después de la construcción, mientras que el subsector de petróleo y gas acumula ocho trimestres consecutivos en contracción.
Sin embargo, el potencial sigue allí. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, citadas por Corficolombiana, el desarrollo del fracking en Colombia habría permitido que la producción de petróleo en 2026 fuera entre 200.000 y 300.000 barriles diarios superior a la observada, habría cubierto las actuales necesidades de importación de gas y habría generado cerca de 20.000 empleos y más de 3.000 millones anuales en exportaciones.
“Estos recursos también podrían fortalecer las finanzas públicas y ampliar el espacio fiscal del país. Los aportes por impuesto de renta, regalías y dividendos de Ecopetrol podrían representar entre 1,5% y 4,5% del PIB, recursos especialmente relevantes para avanzar en la consolidación fiscal y atender las necesidades urgentes de inversión y reconstrucción tras el sismo”, agrega el estudio.
Según Corficolombiana, el predominio creciente de consideraciones ideológicas sobre criterios técnicos contribuyó a reducir la exploración, debilitar la producción y acelerar el deterioro de las reservas, aumentando la dependencia de las importaciones de gas y debilitando la seguridad energética del país.
Explica que la experiencia internacional demuestra que los yacimientos no convencionales pueden transformar la trayectoria energética y económica de un país. En Estados Unidos, su desarrollo alcanzó una participación cercana al 70% de la producción de petróleo y contribuyó a la creación de aproximadamente 725.000 empleos, al tiempo que redujo los costos del gas y fortaleció la competitividad industrial. En Argentina, Vaca Muerta —reserva de petróleo y gas— representa cerca del 69% de la producción nacional de petróleo, y se estima que su desarrollo podría aportar, en promedio, 0,5 puntos porcentuales adicionales al crecimiento anual del PIB hasta 2035, además de generar decenas de miles de empleos.
“Colombia no parte de una hoja en blanco. Más de una década de desarrollos regulatorios, líneas base ambientales y avances tecnológicos han fortalecido las capacidades técnicas, científicas e institucionales del país. Sobre esa base, el marco vigente incorpora herramientas para prevenir, monitorear y gestionar los principales riesgos asociados a esta actividad. Entre ellas se incluyen disposiciones para la protección de recursos hídricos, el monitoreo sísmico, la integridad de los pozos, la gestión de impactos ambientales y sociales, la evaluación de efectos acumulativos y la asignación de responsabilidades de largo plazo”, afirma Corficolombiana.
Por ello, concluye que el desafío ya no consiste en seguir restringiendo el aprovechamiento de estos recursos, sino en desarrollar los proyectos de manera responsable y eficiente.