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Foto: Juan Carlos Sierra, Guillermo Torres, Alejandro Acosta y Aliana Corzo

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Esto es lo que se sabe de la reforma tributaria

Ante el tamaño del hueco fiscal, la reforma que viene va a ser dura e impopular. Sin embargo, no se ve cómo se pueda evitar ni cómo hacer para que el Congreso la apruebe.

1 de septiembre de 2018

Las dificultades fiscales que enfrenta la economía del país tienen al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, bailando con la más fea. Antes de cumplir su primer mes en el cargo, ya ha tenido que enfrentarse con sus compañeros de gabinete por los drásticos recortes en sus carteras, con los congresistas por la menor inversión en sus regiones y con más de medio país por la próxima reforma tributaria.

Carrasquilla afronta un panorama angustioso porque los primeros anuncios de la reforma tributaria hablan de bajar los impuestos a las empresas y compensarlos con el aumento del número de productos que deben pagar el IVA y la ampliación de la base de quienes deben comenzar a tributar. Además del desgaste político y social que provoca esta iniciativa, que busca generar en recaudo parte de los 25 billones necesarios para ajustar el presupuesto.

Aunque los colombianos suelen oponerse a los aumentos de impuestos, hoy resulta imperativo conseguir nuevos recursos para garantizar que el país pueda pagar sus deudas, continuar los programas sociales y mantener el aparato estatal.

De la nueva reforma tributaria nadie se va a salvar. Tal como están las cosas, los ingresos del país no alcanzan ni siquiera para financiar los 259 billones de pesos del gasto público proyectados para 2019. Y qué decir de la necesidad de lograr que las empresas mantengan su competitividad para que lleguen nuevos inversionistas a generar empleo. De no cambiar la situación actual, tampoco va a ser fácil mantener la calificación crediticia, luego de que en diciembre del año pasado quedó bajo amenaza cuando Standard & Poor’s decidió bajar la nota y el país estuvo a solo un escalón de perder el grado de inversión. Un escenario asustador.

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Aprobar una nueva reforma es imperativo, pero surgen inquietudes sobre qué tanto espacio hay para aumentar el recaudo entre los asalariados y los hogares de altos ingresos del país y qué tipo de reforma puede salir del Congreso sin acabar con el capital político del nuevo gobierno. La verdad es que Juan Manuel Santos le dejó a Iván Duque la olla raspada y un escenario preocupante. Sin embargo, Carrasquilla no ha perdido el ánimo y ha dicho en varios escenarios que en materia económica “tenemos muchos problemas, pero ninguno extremadamente difícil”.

Manitas calientes

Por lo anterior, todos coinciden en la urgencia de aprobar una nueva reforma, pero no en cómo hacerlo. El partido Cambio Radical madrugó y el 14 de agosto radicó la propuesta que durante su campaña planteó el candidato Germán Vargas Lleras, la cual recoge la preocupación de los empresarios por la abrumadora carga impositiva.

El gobierno, por su parte, ha dicho que el sistema tributario es caótico, que debe simplificarse y mejorar la distribución de la carga de impuestos. Por eso, además de modernizarlo, buscará nuevos recursos para financiar el presupuesto de los próximos años –solo el de 2019 está desfinanciado en 25 billones de pesos–. Aun si alcanza esa meta, no se ven los recursos para que el gobierno pueda cumplir con sus promesas electorales.

La propuesta de Cambio Radical plantea bajar la tarifa de renta a empresas al 30 por ciento, con un trato más benévolo para las de actividades agropecuarias, que por 30 años gozarían de una tarifa del 10 por ciento, y las de infraestructura turística, que pagarían 9 por ciento . El senador Richard Aguilar, vocero de esta iniciativa, agrega que también buscarán eliminar la renta presuntiva, el impuesto de timbre, los dividendos y descontar el ICA de los impuestos corporativos. Además, convertir el 4 por 1.000 en una retención en la fuente para las empresas y eliminar el IVA a los bienes de capital.

Para compensar los recursos que el Estado dejaría de percibir,plantean un plan antievasión que incluiría millonarias inversiones en la Dian para modernizar y preparar mejor la entidad a fin de aumentar el recaudo en 10 billones de pesos en 2020 y en una cifra creciente cada año.  Esta iniciativa ha recibido críticas de quienes la consideran utópica. Lo único seguro es que las reducciones de impuestos serán de más de 10 billones de pesos. Pero de ahí en adelante todo es incierto. Es fácil echar cifras alegres sobre el control de la evasión, pero la verdad es que todos los gobiernos y todos los directores de la Dian han tenido la prioridad de cerrar este boquete y ninguno ha podido. Economistas serios como Sergio Clavijo consideran que en el mejor de los casos un progreso en la lucha contra la evasión podría representar un punto del PIB por año, es decir, unos 9,6 billones de pesos.

La propuesta del gobierno todavía no se conoce en su totalidad y se especula que podría estar lista en la segunda semana de septiembre. Sin embargo, hasta el momento el ministro Carrasquilla ha adelantado en varios foros gremiales tres temas gruesos que contendrá la reforma.

Por un lado, ha dicho que buscará reducir el impuesto de renta a las empresas para que recuperen su competitividad, aunque no ha dado detalles. También planteó aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos, incluidos los básicos –cerca del 30 por ciento de la canasta familiar–, y devolver este gravamen a los hogares más pobres. Carrasquilla ya había presentado esta propuesta cuando fue ministro de Hacienda del primer gobierno de Álvaro Uribe, pero en ese momento la Corte Constitucional la tumbó. Consideró que ante la informalidad de la economía colombiana no existía forma de garantizar que los más pobres obtendrían la devolución de estos recursos.

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Ahora a Carrasquilla le estaría llegando la revancha, pues en la última década han mejorado sustancialmente los datos sobre los más pobres de Colombia y ya el gobierno puede hacer una devolución más certera. Incluso, los bancos, encabezados por Santiago Castro, el presidente de Asobancaria, ha dicho que están en capacidad de apoyar este proceso de devolución, pues cuentan con la tecnología necesaria.

El tercer tema que genera polémica es la ampliación de la base de contribuyentes a partir de quienes ganan más de 1,9 millones de pesos. De ese modo, el nivel actual de 2,5 millones de personas pasaría a más de 4,5 millones que reportan y pagan al fisco. Esto permitiría controlar más estrictamente a quienes permanecen fuera del sistema tributario porque trabajan en la informalidad y manejan buena parte de sus recursos en efectivo, y pondría a pagar a miles de evasores.

Es posible que muchos de ellos ni siquiera deban pagar, pero el solo hecho de obligarlos a hacer una declaración de renta sería un paso muy importante para formalizar la economía y para ubicar a quienes burlan al fisco.

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La propuesta de Carrasquilla acerca del IVA ha generado más reparos que ninguna otra. Sergio Clavijo, director de la Anif, considera que puede tratarse de un caso de “purismo tributario” con pocos resultados en materia de recaudo, pues “quedaría casi en ceros al tener que devolverlo a los estratos bajos”, según dijo a La República. Y no es posible cuantificar las pérdidas en términos de imagen para el gobierno.

En varias ocasiones Clavijo ha dicho que la mejor forma de obtener mayores ingresos con el IVA es eliminar las tarifas diferenciales y llevar todos los productos hoy gravados al 19 por ciento. El director de Gestión Legislativa y Gobierno, Javier Hoyos, considera muy complejo ampliar el IVA para los productos de la canasta básica y luego hacer las devoluciones, y plantea que el gobierno obtendría mejores recaudos si decide poner una tarifa general a todos los productos, pero en niveles más bajos de los actuales. En las cuentas de Hoyos, una tarifa generalizada del 8 por ciento en el IVA podría aumentar el recaudo entre 15 y 18 billones al año. Pero otros analistas consideran que habría que llevarla al 12 o 13 por ciento para mantener equilibrio en el ingreso.

Si bien es cierto que una cosa es el proyecto que entra y otra muy distinta el que saldrá del Congreso, al final de cuentas cualquier texto que implique un aumento en el recaudo representará menos dinero en los bolsillos de muchos colombianos. Como dijo Benjamin Franklin, como de la muerte, de los nuevos impuestos del gobierno de Duque nadie se va a salvar.