El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció la colocación de 225.000 millones de pesos en Títulos de Tesorería (TES) a corto plazo, denominados en pesos, que tendrán vencimiento el 5 de junio de 2024 en el mercado local.
Se recibieron posturas de compra por $570.000 millones en valor nominal, equivalente a 3,8 veces el monto ofrecido correspondiente a $150.000 millones. La tasa de interés de corte fue de 11.050 % para la referencia a un año, 34 puntos básicos por debajo del corte de la subasta anterior.
La demanda recibida activó las cláusulas de sobre adjudicación, lo que permitió la aprobación de $225.000 millones, en línea con lo establecido en la Resolución 3609 del 30 de diciembre de 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“El programa de colocaciones de TCO hace parte de la estrategia de la Nación de contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos”, explicó la cartera de Hacienda y Crédito Público.
Vale la pena recordar que en una reunión organizada conjuntamente en Bogotá por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se presentaron las conclusiones del estudio emblemático del BID, “Lidiar con la deuda: Menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe”, fueron presentados hoy. El informe enfatiza la importancia de la restricción fiscal en la región de América Latina y el Caribe en un contexto macroeconómico de altos niveles de deuda, una desaceleración de la economía global y continuos shocks de oferta.
Óscar Valencia, economista líder del BID y coeditor del libro, resaltó la importancia de estas instituciones al indicar que “un marco institucional fiscal sólido es importante para incentivar un gasto más contracíclico - creando un colchón en tiempos malos y ahorrando en tiempos buenos – para promover una mejor gestión de la deuda e incentivar una transición hacia niveles de endeudamiento más prudentes.”
Las reglas fiscales son una herramienta clave en este contexto. Aportan un marco cuantitativo claro con metas establecidas y promueven una mayor transparencia.
Sin embargo, el informe del BID enfatiza que estos altos niveles de deuda pueden hacer que los inversores exijan mayores rendimientos, lo que reemplazaría las inversiones privadas. Además, tienen el poder de obligar a los gobiernos a utilizar fondos destinados al gasto o inversión social para pagar intereses.
Los altos niveles de deuda también dificultan que las naciones reaccionen ante shocks macroeconómicos venideros, lo que aumenta la probabilidad de crisis futuras.
Esta tendencia ha llevado a varios países de la región a adoptar políticas fiscales para retomar la senda de sostenibilidad de sus cuentas públicas. Con este fin, la publicación destaca que los gobiernos deberían reducir su porcentaje de deuda pública a un rango de 46 % - 55 % del PIB.