En Colombia, miles de empresas con operaciones internacionales enfrentan riesgos fiscales asociados a la debilidad de sus estructuras corporativas en el exterior. Aunque no se trata necesariamente de esquemas ilegales, muchas de estas configuraciones carecen de sustancia económica, un criterio que ha cobrado mayor relevancia en la fiscalización.
La sustancia económica implica que una estructura no se valida únicamente por su registro en una jurisdicción o por lo establecido en contratos, sino por la existencia real de actividad: personal, toma efectiva de decisiones y operaciones en el país donde se declara su presencia. La ausencia de estos elementos puede derivar en cuestionamientos por parte de la autoridad tributaria.
Este escenario afecta especialmente a empresas tecnológicas, FinTech, grupos con activos en el exterior y compañías del sector energético que operan en múltiples jurisdicciones. En estos casos, el aumento de transacciones transfronterizas ha ido acompañado de un mayor control por parte de las administraciones fiscales.
En el mercado de asesoría, la oferta se concentra entre grandes firmas internacionales y consultores locales enfocados en normativa interna. Entre ambos extremos, persiste un segmento de empresas que requiere acompañamiento en la revisión y estructuración de sus operaciones globales.
En ese contexto opera V&V Asociados, una firma con sede en Bogotá dedicada a la tributación internacional. Sus fundadores, Katherin Díaz Velilla y Manuel Benavides, cuentan con experiencia en el sector público y privado. “Entendemos cómo piensa la autoridad tributaria porque estuvimos del otro lado. Y entendemos cómo funcionan los modelos de negocio contemporáneos porque construimos los procesos que los sostienen”, señalaron.

Actualmente, la firma asesora a más de 35 clientes con operaciones en distintas jurisdicciones. El incremento del control fiscal y la complejidad de las operaciones internacionales continúan impulsando la demanda de este tipo de servicios.
