El sistema financiero en Colombia entra en una nueva etapa con la entrada en vigencia del sistema de finanzas abiertas, tras la publicación del Decreto 0368 el 9 de abril de 2026.
Este establece reglas para el intercambio de información entre entidades y redefine cómo los usuarios gestionan sus datos financieros.
En la práctica, permitirá que los ciudadanos autoricen a bancos, fintechs u otras empresas a consultar su información financiera en distintas entidades sin repetir procesos.
Esto facilitará trámites como solicitudes de crédito, comparación de productos y acceso a servicios más ajustados al perfil de cada usuario.
El decreto fija un plazo de hasta 12 meses, una vez definidos los estándares técnicos, para que las entidades habiliten el acceso a los datos. Así, el país avanza hacia un sistema más interoperable, con mayores niveles de competencia y eficiencia.
Para Clara Escobar, directora de la Asociación de Compañías de Financiamiento AFIC, la implementación es clave para ampliar la inclusión financiera, al permitir que personas y pequeños negocios sin historial crediticio tradicional accedan a productos a partir de información alternativa.
Al tiempo, facilita la entrada de nuevos actores al mercado, fortaleciendo la competencia.
Experiencias internacionales muestran su potencial. En el Reino Unido, el sistema aporta más de US$ 5.000 millones y es utilizado por cerca de 750.000 pequeñas empresas. En países como India y México, ha contribuido a ampliar el acceso al crédito y a los servicios financieros.
En Colombia, su obligatoriedad llega en un contexto de alta digitalización y con más de la mitad del sector avanzando en su implementación, lo que podría acelerar su impacto en próximos años.