ORDEN PÚBLICO
Atentado en mina Buriticá: Asociación Colombiana de Minería exige acción inmediata del Gobierno, ante riesgo de trabajadores
La mina de oro es un proyecto legal operado por Zijin Continental Gold. Los ataques provienen de grupos que se financian de extracción ilícita de minerales.

En un país con dificultades de seguridad, donde el orden público se altera, principalmente en los sitios donde hay proyectos de hondo calado, como es el caso de la mina de Buriticá, es complejo atraer inversionistas, algo que se requiere con urgencia.
Más aún, cuando los ataques son de alta envergadura, como el perpetrado al proyecto de extracción de oro operado por Zijin Contineld Gold, en el cual se registró un atentado llevado a cabo por grupos ilegales que, precisamente, se financian de la extracción ilícita de minerales.
En ese sentido, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) hizo un fuerte pronunciamiento este sábado 18 de enero, a través del cual, no solo rechazó el violento acto que ocurrió en horas de la madrugada, sino que llama la atención sobre lo que consideran “una grave amenaza para la vida de miles de trabajadores”.

En el pronunciamiento, la ACM enfatiza en que ese tipo de actos busca desestabilizar las operaciones legales de extracción de minerales, como los que hace en la zona la compañía Zijin Continental Gold.
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Se trata de un inversionista chino por el cual abogó la asociación, quien expresa que el incidente no es aislado. De hecho, resaltan que en menos de un mes se han presentado tres ataques en operaciones mineras en diferentes puntos del territorio nacional, lo que evidencia un patrón de violencia sistemática, para controlar los recursos y perpetuar la ilegalidad en los territorios, argumentaron.
“La situación en Buriticá es una muestra alarmante de la vulnerabilidad del sector productivo colombiano y sus empresas”, dijeron en el pronunciamiento.
Entre tanto, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, dijo que, a su juicio, “es inaceptable que los grupos ilegales sigan actuando con total impunidad, poniendo en riesgo no solo la vida y la seguridad de los trabajadores, sino también la estabilidad económica de comunidades enteras que dependen de la minería legal. Estos ataques no solo buscan despojar al país de sus recursos, sino que también debilitar el orden institucional y la confianza en el Estado”.
Durante el atentado, se registraron explosiones que fueron dirigidas a la subestación eléctrica de la mina. Por lo tanto, la operación tuvo que ser detenida, pero lo más grave fue el riesgo en el que se puso la vida de cientos de personas, advirtió la ACM.

Es más, según los datos de la compañía, habría una persona herida dentro de los reportes registrados.
La amenaza recae sobre 1.500 empleados directos, 2.500 contratistas y 12 empresas de formalización minera, para un total de 7.000 personas afectadas en la región, por lo que la ACM fue enfática en la necesidad de acciones inmediatas por parte del Gobierno y las autoridades. Más aún, si continúan presentándose ataques con tatucos y disparos, teniendo en cuenta que el objetivo de los atacantes parecería ser el de ganar territorio al interior de la mina, de manera que se puedan apoderar -de forma ilegal- del mineral que se explota de manera legal.