A finales del pasado mes de mayo, la EPS Sura, en medio de la crisis del sistema y las intervenciones que venía adelantando en ese momento el Gobierno a través de la Superintendencia de Salud, pidió autorización a esta entidad de vigilancia para su salida progresiva del Sistema de Seguridad Social.

Un poco más de seis meses después, la SuperSalud negó el retiro de EPS Sura del sistema tras revisar y tramitar la solicitud denominada en su momento ‘Programa de desmonte progresivo’, y se basó en el estudio técnico de esa petición fundamentado en el riesgo sistémico.

“[La SuperSalud] decidió negar el retiro del sistema de dicho asegurador y en su lugar se acordó con Sura EPS continuar trabajando en mesas técnicas que garanticen la continuidad en la prestación de servicios y el derecho fundamental a la salud de 5,4 millones de afiliados, así como la definición de un cronograma que establece compromisos conjuntos orientados al fortalecimiento de la atención para la población usuaria”, aseguró la entidad de vigilancia en un comunicado.

La SuperSalud agregó en su pronunciamiento que mantendrá un monitoreo estricto y permanente del cumplimiento de cada uno de los acuerdos, “con el objetivo de velar por un acceso oportuno y digno a los servicios de salud, garantizando que la EPS cumpla con su responsabilidad a través de su red de atención médica y especializada”.

Fue enfática al afirmar que, en este sentido, “Sura deberá continuar prestando servicios de calidad a la ciudadanía y fortalecer sus operaciones para garantizar su sostenibilidad y eficacia dentro del sistema de salud. Con estas acciones, la Superintendencia Nacional de Salud reafirma su compromiso con los habitantes del territorio nacional, trabajando para asegurar que el acceso a los servicios de salud sea una realidad efectiva para todos los colombianos”, puntualizó la entidad.

Sin embargo, un par de horas después de conocerse el comunicado de la SuperSalud, EPS Sura, en un escueto pronunciamiento señaló que no conocía posición oficial al respecto. “Si bien la Superintendencia ha emitido un comunicado sobre la negación del Programa de Desmonte Progresivo y se han llevado a cabo reuniones entre las entidades, hasta el momento no hemos recibido una respuesta oficial (resolución), por parte de la SuperSalud sobre la solicitud realizada el pasado 28 de mayo. Desde EPS SURA, estamos a la espera de este documento para poder analizarlo detalladamente y brindar una respuesta. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad, y nos pronunciaremos oportunamente una vez contemos con toda la información”, aseguró la empresa.

La historia

Como lo mencionó a finales de mayo de este año EPS Sura, un Programa de Desmonte Progresivo es una figura jurídica que permite el retiro de manera ordenada y diligente del sistema de salud. La solicitud de EPS Sura consistía en realizar una transición coordinada y planificada de sus afiliados, que garantice la entrega completa de la información clínica y favorezca la continuidad del tratamiento, según las necesidades de salud de las personas.

Cabe recordar que, en ese momento, EPS Sura aseguró que no cumplía el indicador del patrimonio adecuado, dado que se agotó. De hecho, entre 2022 y 2023 se registraron unas pérdidas netas por más de 360 mil millones de pesos. “Para el 2024, EPS Sura proyecta que las pérdidas podrían llegar hasta los 500 mil millones de pesos, suma que confirma la inviabilidad de la EPS en las condiciones actuales”, señaló entonces la entidad.

“Hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema de salud, con la firme motivación de cuidar a cada una de las personas que ha confiado en EPS Sura. Sin embargo, en este momento se deben tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir las obligaciones asumidas”, mencionó en esa oportunidad Juana Francisca Llano, presidente de Suramericana.

En el pronunciamiento de hace cerca de medio año, EPS Sura hizo una cruda radiografía del sistema de salud y reiteró que la situación en Colombia es un problema histórico y estructural. “Si bien la salud es un derecho fundamental y lo hecho constituye un gran logro social para el país, la cobertura y los servicios ilimitados contrastan con un presupuesto insuficiente”, indicaba.

“Aunque las coberturas han aumentado en los últimos años, los recursos asignados mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanzan. Además, los Presupuestos Máximos para lo no incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) tampoco cubren las necesidades, agravando las deudas acumuladas”, explicó entonces la empresa.

A finales de octubre, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero, anticipándose a la salida de Luis Carlos Leal como superintendente de Salud, en un enroque con el entonces director del Instituto Nacional de Salud (INS), Giovanny Rubiano, señaló que el retiro de Leal habría pasado por decisiones que tomó sobre las EPS del país.

“¿Otra razón por la que salió Luis Carlos Leal fue la diferencia de criterios con palacio sobre la aceptación del retiro de EPS Sura? ¿Giovanny Rubiano llega con la orden de materializar ese retiro? ¿Qué pasará con los usuarios? ¿A dónde los trasladaría?”, se preguntó en ese momento Forero a través de su cuenta en X.

Al parecer, en la salida de Leal también habrían pesado las indagaciones sobre Audifarma que estaba haciendo la SuperSalud, que habrían generado malestar en el gobierno (de hecho, la empresa de farmacéuticos se acogió recientemente a reorganización), al igual que las decisiones sobre las intervenciones en Sanitas y Sura.

Al parecer, no habría sido viable para el Gobierno asumir la intervención de otra de las grandes EPS del país, tras grandes entidades que tiene bajo su control, como Nueva EPS y Sanitas, que congregan gran parte de la masa crítica de la atención en el país.