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Superintendencia de Sociedades. - Foto: Cortesía Superintendencia de Sociedades

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Supersociedades ordenó la liquidación de otra empresa en Colombia

De acuerdo con esta autoridad, la firma en cuestión acabó con su patrimonio.

La Superintendencia de Sociedades ordenó este lunes -26 de septiembre- la liquidación de la firma constructora Conhime s.a.s y suspendió por ocho años a su representante legal, luego de evidenciar una destrucción de sus activos y un incumplimiento en los reiterados llamados que se hicieron por parte del juez a cargo del caso.

De acuerdo con esta autoridad, la decisión se ejecutó por medio de la Intendencia Regional de Medellín y se fundamenta en los hallazgos que se dieron durante la investigación previa, en la cual se encontró una destrucción total del activo objeto de adjudicación. Este tipo de medidas buscan proteger el mercado y evitar movimientos que puedan afectar a otras firmas.

“Durante la audiencia, el juez del concurso estableció que el sancionado generó la pérdida total del patrimonio de la sociedad durante la reorganización empresarial, la cual pasó de tener un patrimonio de $10.323.311.000 en el proceso de recuperación a una ausencia total de sus activos, con reporte en cero pesos (0$)”, dijo esta entidad.

La Supersociedades agregó que lo anterior conllevó a la aplicación de las causales previstas en el Artículo 83, numerales 3 y 4 de la Ley 1116 de 2006, teniendo como base el detrimento real del activo y la destrucción de los bienes que conformaban el patrimonio reportado.

“Es importante indicar que tanto el exrepresentante legal de la sociedad como sus apoderados no se presentaron durante el proceso liquidatorio pese a los distintos requerimientos realizados por el juez”, agregó por medio de un comunicado.

Desde la Superintendencia de Sociedades se resaltó que continuarán apoyando la recuperación de las empresas viables, velando por el cumplimiento de las garantías legales que contribuya a la recuperación del empleo y el trabajo digno. Así mismo, extendió la invitación para que las personas que tengan una queja o denuncia, se comunique con ellos, para empezar a investigar.

La millonaria multa a los dueños de Justo & Bueno

A mediados de agosto, la Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Billy Escobar Pérez, le impuso una multa de 100 millones de pesos a Michel Olmi Bustos, fundador de Justo & Bueno, quien figura como director, presidente y/o representante legal de Reve Group, Inc. La resolución de la entidad fue expedida el pasado 22 de julio.

“La Superintendencia de Sociedades en reiteradas oportunidades le solicitó al señor Michel Olmi Bustos, en su condición de director, presidente y/o representante legal de Reve Group, Inc., una certificación de la evolución de la composición del capital de la sociedad extranjera, el nombre de sus controlantes y beneficiarios finales, una certificación de las inversiones que posee o ha poseído la misma en compañías constituidas en Colombia, directa o indirectamente y copia del contrato de acuerdo de accionistas o cualquier otra denominación, que contenga directrices sobre la adopción de las decisiones por parte del máximo órgano social de Reve Group, Inc.”, informó la entidad en un comunicado de prensa.

Según la Supersociedades, “Michel Olmi Bustos no atendió ninguno de los requerimientos efectuados de manera reiterada por la Superintendencia de Sociedades, hecho que constituye un grave obstáculo para el desarrollo de la investigación administrativa, tendiente a determinar la configuración de situaciones de control o de grupo empresarial que vinculan a BBI Colombia S.A.S., BBI Colombia Brands S.A.S., Cafés de Origen Especial S.A.S. y Mercadería S.A.S. en Liquidación Judicial, entre otras”.

La Superintendencia recordó que “tratándose de Mercadería S.A.S. en Liquidación Judicial, en audiencia pública del 12 de mayo de 2022, en el marco del proceso de insolvencia, se puso de presente la crítica situación económica de la sociedad; de acuerdo con lo señalado por los acreedores y lo manifestado por el promotor, existen obligaciones impagas por una suma de ciento treinta y cinco mil millones de pesos ($ 135.000.000.000), de los cuales la deudora no ha acreditado una fórmula efectiva para su pago”.