Sin embargo, entre 2022 y 2026 enfrentó probablemente el mayor desafío político y jurídico de su historia reciente: el intento de redefinir su esencia bajo una visión ideológica que veía los incentivos a la inversión privada con sospecha y desconfianza.
La discusión comenzó con la reforma tributaria de 2022, contenida en la Ley 2277. Allí se introdujo un cambio profundo al modelo franco colombiano: la tarifa preferencial del impuesto de renta dejó de entenderse como un elemento estructural del régimen y pasó a condicionarse al cumplimiento de planes de internacionalización y niveles mínimos de exportación.
Desde el primer momento advertimos que la discusión no era meramente tributaria. Era una discusión sobre seguridad jurídica, confianza inversionista y estabilidad económica.
Se estaba desconociendo que las zonas francas no nacieron únicamente para exportar. También fueron concebidas para industrializar regiones, sustituir importaciones, desarrollar infraestructura logística, atraer capital de largo plazo y crear empleo formal. En otras palabras, son un instrumento integral de política económica.
Por esa razón acudimos a la Corte Constitucional para cuestionar las disposiciones que alteraban la esencia jurídica del régimen franco colombiano. La demanda buscaba proteger la estabilidad de las empresas instaladas en zonas francas que habían realizado inversiones bajo unas reglas claras y legítimamente esperaban que el Estado respetara las condiciones bajo las cuales decidieron invertir en Colombia. El resultado fue trascendental para el país.
Gracias a la decisión de la Corte Constitucional, hoy más de 1.100 empresas mantienen la tarifa de renta del 20% sin necesidad de someterse a planes de internacionalización ni a condicionamientos que desconocían la naturaleza misma del régimen franco. El fallo no solamente protegió derechos adquiridos y principios de confianza legítima; también preservó uno de los pilares más importantes de la competitividad colombiana.
Ese episodio se aprendió que las zonas francas no son concesiones políticas transitorias. Son un régimen jurídico sólido, construido durante décadas, respaldado por inversiones multimillonarias y protegido por principios constitucionales de estabilidad y seguridad jurídica. Y los hechos terminaron derrotando la narrativa ideológica.
Las cifras oficiales del Ministerio de Comercio demuestran que las zonas francas continúan siendo uno de los mecanismos más importantes de atracción de inversión en Colombia.
Entre 2007 y 2021, las inversiones acumuladas en zonas francas alcanzaron los $44 billones y generaron más de 114.600 empleos directos e indirectos en 22 departamentos del país. Posteriormente, en 2023, el propio Gobierno reconoció que el régimen seguía siendo fundamental para la inversión y el empleo. El Ministerio de Comercio informó que las zonas francas acumulaban cerca de $46 billones en inversión y generaban aproximadamente 152.000 empleos en el territorio nacional.
Estas cifras son particularmente importantes porque demuestran que, incluso en medio de incertidumbre regulatoria y discursos políticos adversos, el instrumento continuó creciendo, lo que demuestra que la realidad económica terminó imponiéndose sobre la retórica ideológica.
Según cifras oficiales del Ministerio de Comercio, Colombia llegó a tener más de 120 zonas francas declaradas entre permanentes y permanentes especiales. Aunque durante los últimos años algunas fueron canceladas o perdieron declaratoria por incumplimiento de requisitos de inversión, ejecución o empleo, el balance estructural del régimen sigue siendo positivo.
Y esto es importante decirlo con claridad: las cancelaciones no son una señal de fracaso del modelo. Por el contrario, demuestran que el régimen colombiano es serio, técnico y exigente. El Decreto 2147 de 2016 establece compromisos verificables en materia de inversión y generación de empleo que obligan a operadores y usuarios a cumplir metas concretas.
Por eso resulta equivocado afirmar que las zonas francas son simplemente “beneficios tributarios y mecanismos de promoción de exportaciones”. En realidad, son acuerdos económicos de largo plazo entre el Estado y la inversión privada.
Gracias a este modelo, regiones enteras lograron atraer industrias que de otra manera probablemente nunca habrían llegado al país. Las zonas francas han impulsado inversiones en manufactura, farmacéutica, agroindustria, servicios tecnológicos, puertos, energías renovables y logística. Permitieron conectar a Colombia con cadenas globales de valor y posicionaron al país como un destino competitivo para múltiples sectores estratégicos.
Por eso el debate de 2022 fue tan delicado. Porque el verdadero activo del régimen no es solamente la tarifa del 20%. Su principal fortaleza es la confianza jurídica que transmite a inversionistas nacionales y extranjeros. Cuando el Estado altera intempestivamente las reglas de juego, no solamente afecta impuestos: afecta decisiones de inversión de largo plazo.
Después de muchos años estudiando este instrumento, participando en su estructuración, defendiendo su estabilidad jurídica y promoviendo su expansión, tenemos una convicción clara: Las zonas francas no son un privilegio. Son una herramienta moderna de política pública. El régimen sigue siendo el mecanismo más sofisticado, eficiente y competitivo en materia aduanera y tributaria para atraer inversión al país.