Ser mujer trans en Colombia y en varias partes del mundo implica vivir diariamente situaciones de discriminación, segregación y desafíos estructurales, tanto para estudiar como para conseguir un trabajo formal e incluso para convivir en comunidad. Históricamente, esta población ha sido objeto de estigmatización y rechazo como consecuencia de una combinación de machismo, transfobia estructural y prejuicios sociales y morales que se han perpetuado durante décadas a través de discursos tradicionalistas presentes en distintos sectores de la sociedad.
Sin embargo, muchas han encontrado respaldo en algunas normativas defendidas por la Corte Constitucional que, apegada a la ley, les ha garantizado ciertos derechos. Pese a los avances, aún persisten desafíos significativos para lograr una protección efectiva e integral. A pesar de los progresos jurídicos, sigue existiendo una brecha entre el reconocimiento de los derechos en el papel y su garantía plena en la vida cotidiana.
Uno de los más importantes tiene que ver con el sistema pensional. Esto se debe a que muchas mujeres trans están expuestas a que la sociedad continúe reconociéndolas con otro género, pese a atravesar procesos personales, sociales y, en algunos casos, físicos para que su identidad y expresión de género sean reconocidas y respetadas plenamente.
La Sentencia SU-440 de 2021, emitida por el alto tribunal, reconoció el derecho de las mujeres trans a pensionarse con las exigencias establecidas para las mujeres, siempre y cuando ese sea su sexo legal. Es decir, siempre y cuando hayan cambiado en el documento el sexo de hombre a mujer para que corresponda con su identidad de género.
La Corte precisó que “exigir a una mujer transgénero el cumplimiento de la edad mínima aplicable a los hombres (…) constituía un trato discriminatorio”. Es decir, las reglas de pensión para las mujeres trans deben ser exactamente iguales a las de las demás mujeres, siempre que su identidad de género esté reconocida de manera oficial.
En ese sentido, las mujeres trans deben pensionarse a los 57 años y también pueden acceder al beneficio de reducción gradual de semanas, que pasará de 1.300 semanas en 2026 a 1.000 semanas en 2036.
