La Contraloría General de la República archivó el proceso de responsabilidad fiscal que involucra al actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por el presunto detrimento patrimonial en la construcción de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas en Rionegro.
El fallo de la entidad de control ordenó su archivo y aclaró que la decisión se tomó por la inexistencia de daño patrimonial al Estado, ya que la obra en discusión “sí fue ejecutada, recibida y está destinada a su fin”.
Entre las razones que explicó la Contraloría para archivar el proceso también se encuentra que no se perdieron recursos públicos, debido a que el bien existe actualmente, fue entregado y está habilitado administrativamente y prestando un servicio a la comunidad.
El despacho también asegura que no hubo menoscabo del patrimonio público, pues el bien existe y la inversión pública cumplió su finalidad, y no se produjo perjuicio al erario. Lo que quiere decir que sin daño probado, no se puede declarar responsabilidad fiscal sobre el hecho.
La Contraloría sospechaba que en la construcción de los dos CAI habría ocurrido un detrimento patrimonial que ascendería a los cerca de 1.200 millones de pesos, dado que las obras tardaron tiempo en entrar en funcionamiento y, supuestamente, se edificaron en terrenos no aptos.
En un primer caso, se presumía un daño patrimonial al Estado por cerca de 836 millones de pesos en la construcción del Comando de Atención Inmediata en el sector de San Antonio de Pereira.
En el caso se señalaba en los antecedentes que se habían evidenciado “debilidades en la planeación del proyecto que, al no contar con los respectivos conceptos de viabilidad emitidos por la Policía Nacional, no ha prestado ningún servicio a la comunidad”.
Para el caso del proyecto en Cuatro Esquinas se estimaba un detrimento patrimonial por alrededor de 433 millones de pesos. Allí se manifestó que había una “pérdida total de la inversión realizada, en razón a que no cumplía su fin social, que era cubrir las necesidades de seguridad que existen en el sector, por hechos atinentes a una mala planeación”.
Dentro del proceso, el gobernador de Antioquia rindió versión libre y pidió al despacho archivar el proceso de responsabilidad fiscal en su contra “por no haberse sucedido el supuesto factico de no utilización del bien construido para el fin propuesto, es decir, para garantizar la seguridad de la zona de influencia al permitir la presencia de la Policía Nacional”.
La Contraloría explicó en el fallo que contra la providencia no procede ningún recurso. Sin embargo, aclaró que “en el evento que con posterioridad aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archive o se demuestre que la decisión se basó en prueba falsa, se ordenara la reapertura de la actuación fiscal, de conformidad con el articulo 17 de la Ley 610 de 2000″.
Pese a que la Contraloría tomó la decisión de archivar el proceso, el gobernador Andrés Julián Rendón tendrá que seguir cargando con la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos, en las cuales se han adelantado interceptaciones telefónicas.
