A solo un mes del cambio de huésped en la Casa de Nariño, el Gobierno Petro expidió finalmente el decreto de austeridad, que contiene un fuerte apretón en el gasto, lo que deja en el ambiente un interrogante: ¿por qué no lo hizo antes?
En el plan de ajuste se contempla la racionalización en el uso de los recursos de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, con medidas que apunten a reducir contratos de prestación de servicios, restricciones en las plantas de personal establecidas y limitación de adquisición y uso de vehículos oficiales, por ejemplo.
"Los esfuerzos de ajuste en el gasto no van a afectar los planes estratégicos del programa social del gobierno del presidente @petrogustavo": Germán Ávila
— MinHacienda (@MinHacienda) March 27, 2025
Fragmento de la rueda de prensa del @MinHacienda. pic.twitter.com/4n4egB83wJ
El apretón es ya
“A partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, las entidades y organismos que forma parte del Presupuesto General de la Nación aplicarán un plan de reducción que genere ahorro sobre los contratos de prestación de servicios para la vigencia 2026 respecto del gasto de la vigencia anterior, evitando duplicidad de contrataciones y buscando la eficiencia que racionalice recursos y optimizando el gasto público, de acuerdo con el documento técnico de austeridad que para el efecto Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, expresa el texto.

El Gobierno actual venía siendo criticado por el aumento en la contratación de prestación de servicios en medio de una crítica situación fiscal, en la cual existe un desbalance entre los ingresos y los gastos para la operación del Estado.
Incluso, según salió a relucir, a partir de la información de la plataforma que registra la contratación en el país, en el mes anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Gobierno nacional firmó más de 85.000 contratos de prestación de servicios por 5,1 billones de pesos. Ahora queda un decreto que los restringe.
También se aplicará control al trabajo en horarios distintos a la jornada estricta, con el propósito de ahorrar con ese gasto. En la reforma laboral, precisamente, el Gobierno había introducido el pago de horas nocturnas a partir de las 7:00 p. m. y horas extras más caras en domingos y festivos.
Racionalizar hasta el papel
El decreto incluye otras medidas de apretón del cinturón, como la limitación en la adquisición y uso de vehículos oficiales, con tal de lograr un ahorro en gasolina, algo que suena también difícil de cumplir en esta recta final.

Asimismo, se prioriza la virtualidad a la hora de organizar eventos, pues la logística presencial demanda mayores inversiones: el cafecito, el traslado, la sede y los servicios que eso demanda. “Implementar medidas tendientes a reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas, en consideración a su costo, la situación de trabajo en casa, teletrabajo y/o trabajo remoto, a fin de no efectuar renovaciones y proceder la entrega de los inmuebles, si corresponde, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada contrato de arrendamiento”, dice el documento.

Publicidad estatal, recortada
En el decreto se restringe también la publicidad estatal dirigida a promocionar la gestión del Gobierno, mientras que mucho de lo que se vio en los últimos días tenía relación con esa circunstancia: “cumplimos, hicimos, logramos”.
En todo caso, la indicación principal del decreto es hacer un uso eficiente de los recursos públicos.