La transición energética, la biodiversidad, la seguridad hídrica, el desarrollo productivo, el acceso a capital y la presión regulatoria han dejado de ser temas aislados de la agenda ambiental y se han convertido en una discusión más amplia sobre inversión, crecimiento, empleo, competitividad y futuro económico.
En este sentido, Dark Sustainability, plataforma independiente para el análisis crítico sobre sostenibilidad, argumenta que el debate electoral debe trascender la visión ideológica de esta agenda. Es decir que el tema en cuestión no debería girar en torno a si la sostenibilidad tiene espectro político o no, sino qué proyecto político tiene la capacidad de convertirla en decisiones financiables, medibles y ejecutables.
Este debate toma protagonismo en un momento en el que la sostenibilidad ya no es más un conjunto de promesas abstractas y ha comenzado a medirse también en costos.
Estimaciones del Banco Mundial muestran que la implementación de la agenda climática en el país podría requerir cerca de US$92.000 millones a 2050, pero, a su vez, generar ganancias netas anuales de alrededor de US$7.000 millones para la economía.
La misma entidad señaló que, mediante las reformas apropiadas, el sector privado podría aportar hasta US$74.00 millones de inversión adicional necesaria para la acción climática.
En cuanto a esto, Armando Russi, fundador de Dark Sustainability, afirmó que “la sostenibilidad no es una causa de izquierda ni una amenaza para la derecha. Es una prueba de realidad para cualquier aspirante a gobernar. El verdadero debate electoral no está en quién usa mejor el discurso ambiental, sino en quién puede explicar cómo se financia la transición, cómo se protege el empleo, cómo se atrae inversión, cómo se reducen riesgos y cómo se mide el impacto real”.
De acuerdo con esto, la sostenibilidad cambió por completo dentro de la conversación política; ha pasado de ser un asunto reputacional, asociado a reportes, compromisos públicos, campañas o buenas intenciones, a estar conectada con variables que definen la capacidad que tiene un país para competir, en cuanto a infraestructura, capital, productividad rural, cadenas de suministro y licencia social.
“La sostenibilidad que importa no es la que decora discursos de campaña. Es la que entra al presupuesto, al riesgo, al EBITDA, al crédito, a la infraestructura, al territorio y a la toma de decisiones. Si no se puede financiar, medir y ejecutar, se queda en consigna”, agregó Russi.
De igual forma, el fundador de la plataforma sostiene que la sostenibilidad ya no es simplemente una conversación ambiental, pues, en los mercados financieros, los inversionistas evalúan la exposición climática; las aseguradoras recalculan riesgos; las empresas evalúan cadenas de suministro y los reguladores avanzan hacia mayores exigencias de transparencia sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza.
Teniendo esto en cuenta, los países y empresas que no asuman esto a tiempo podrían enfrentar mayores costos de capital, pérdida de competitividad y menor capacidad de adaptación.