Con una votación de 6 a 2, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional la emergencia económica que decretó el Gobierno de Gustavo Petro a finales del año pasado, para buscar recursos por más de diez billones de pesos que le permitieran cuadrar las cuentas del Presupuesto General de la Nación.
Esta es la primera vez que el alto tribunal toma una medida en ese sentido, antes de hacer el estudio a profundidad y fijar su posición frente a la constitucionalidad de las medidas.
Ante la decisión, el presidente Petro señaló: “Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo. Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado social de derecho que la misma Constitución ordena”, aseguró el mandatario.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, su presidenta, afirmó que la suspensión del decreto de emergencia era necesaria, es coherente con la Constitución y cumple la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles. “No existe una crisis imprevisible, se cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios y no pueden usarse poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático. La estabilidad institucional y el respeto por la Constitución son esenciales para el país”.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha sido uno de los más activos en respaldo a la decisión de la Corte.
Inicialmente, calificó como “totalmente equivocado, y hasta cierto punto manipulador”, tratar de presentar la decisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica como una decisión a favor o en contra del gobierno, o peor, aún como una decisión política o ideológica.
“La Corte Constitucional básicamente está actuando de acuerdo con nuestra Constitución, indicando que es prudente suspender los efectos de la emergencia, hasta tanto se tome una decisión sobre si el Ejecutivo podía o no decretar una emergencia económica, evitando que se pueda producir daños irreparables, en caso de que se continuará con su aplicación”, señaló en su cuenta de X el dirigente gremial.
Posteriormente, ratificó su posición y fue más allá: “No, la emergencia económica no era una medida que favoreciera a los más pobres, no era una medida que generara equidad, se trataba de una medida inconstitucional, abusiva, que afectaba a todos los colombianos y que sobre todo alimentaba el despilfarro económico del gobierno que hoy se muestra más ávido que nunca de gastar plata en el periodo previo a las elecciones”.