"La ley de comida chatarra no ha muerto": Red PaPaz

Durante los últimos tres años la fundación de padres de familias, Red PaPaz intentó que el proyecto de ley de comida chatarra se hiciera realidad en Colombia. Esta semana, cuando tenían la última oportunidad para debatir la iniciativa en la Cámara de Representantes, se hundió sin haber pasado el primer debate.

La columna vertebral del proyecto proponía exigirle a las industrias revelar el contenido real de los productos que consumen, en su mayoría los niños, a través de sellos frontales en los empaques. Es decir, que las industrias informaran si el producto ultraprocesado era "alto en azúcares", "alto en sodio" o "alto en grasas saturadas".

Sin embargo, en dos sesiones, una el 12 de junio y la otra el 19, los congresistas no alcanzaron a votar, porque el tiempo destinado a debatir el proyecto se usó para discutir la presencia de Jesús Santrich en el Congreso, quien tomó posesión de su curul hace dos semanas.

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El presidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, Jair Cristancho (Centro Democrático) prefirió rechazar su presencia y levantar la sección, que discutir esta ley que ya funciona en muchos países de América Latina.

“Le dieron tanta largas nuevamente al tema de Santrich, y a la presión que tuvieron en redes sociales por parte de la ciudadanía para que votaran, que no hubo tiempo de debatir en realidad el proyecto”, explica Angélica María Claro, directora de incidencia de Red PaPaz.

A la una de la tarde, el proyecto ya estaba oficialmente hundido. A esa hora la Plenaria de la Cámara abrió el registro para iniciar la sesión y todos los congresistas debían asistir, por lo que levantaron la sesión y no se alcanzó a anunciar el proyecto para un nuevo debate. Si un proyecto no tiene un primer debate, se hunde.

“No vamos a desistir. Sabemos que los proyectos de salud pública como el de asbesto y de comida chatarra son temas que se demoran mucho en pasar. El proyecto vuelve a empezar de cero y lo volveremos a presentar con el apoyo de más congresistas”, señaló Claro.

Para Camilo Montes, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI es necesario que se dé un debate sobre el etiquetado frontal de alimentos con base en evidencia técnica y científica que respalde cualquier decisión que pueda tener un impacto en la salud pública. Sin embargo, "es un error técnico, como lo plantea este proyecto de ley, determinar como “alto en” aquellos alimentos que superan de forma individual los límites que han sido establecidos para la dieta total. Por ejemplo, considerar que un alimento como la panela es “alto en azúcar” porque el 10 % de sus calorías provienen de azúcares, satanizaría a este alimento", explicó Montes.

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Hoy la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas usan la tabla nutricional para mostrarle al consumidor la cantidad de grasas, azúcar,  sodio y calorías que contienen sus productos. Sin embargo, para Red PaPaz, este etiquetado no es suficiente, ya que el promedio de los colombianos no sabe qué porcentaje es dañino, ni cómo funcionan estos nutrientes. “Además, a través de la publicidad nos hacen creer que estos productos son ideales para la loncheras de nuestros niños, cuando no es cierto”, explicó Claro.

Productos que incluso se ofrecen sin ninguna restricción en los entornos escolares, un tema que ha empezado a preocupar al sistema educativo. Como ocurrió en el Valle del Cauca, cuando la gobernadora Dilán Francisca Toro prohibió la venta de frituras, paquetes y bebidas gaseosas en las tiendas escolares por el crecimiento de obesidad en la región.

Y no solo ocurre en el departamento azucarero. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) presentada en 2017, –que incluye tanto sobrepeso como obesidad– el exceso de peso en los menores en edad escolar se incrementó de 18,8 por ciento en 2010 a 24,4 por ciento en 2015.

Por esa razón, el proyecto de ley también proponía que aquellos productos que se identificaran como "altos en" no tuviesen publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, y no se pudiesen ofrecer en los entornos escolares.

Además de las afectaciones en la salud, el año pasado, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria reveló que los casos de diabetes atribuibles a las bebidas azucaradas, le costaron al país 733.751 pesos al mes en promedio.