Y la clase de historia... ¿para cuándo?

Hace dos años, en el gobierno de Juan Manuel Santos, historiadores, políticos e intelectuales celebraron la Ley 1874, que restableció la enseñanza obligatoria de la historia en los colegios. La norma fijó un plazo de más o menos dos años y medio para reglamentar la manera de volver a impartir esta materia. Pero ha habido retrasos y hoy nadie tiene aún claro cómo llevar a cabo este proceso. Peor aún, muchos temen que la ley quede como un saludo a la bandera y que la clase de historia, como una asignatura independiente, no vuelva a las aulas.

La historia salió del currículum escolar en 1984, cuando el presidente Belisario Betancur acogió la recomendación de la Unesco de no dictar más esta materia en América Latina. Sin embargo, no desapareció del todo, pues quedó integrada en las clases de ciencias sociales, pero perdió mucha fuerza. Los especialistas comenzaron a decir que la medida adoptada por Betancur formó varias generaciones de colombianos ignorantes de su pasado e incapaces de pensar en términos históricos. Incluso dijeron que varios de los problemas que atravesó el país en las décadas de los noventa y dos mil se debían a esta falencia.

En 2016, Viviane Morales, entonces senadora por el Partido Liberal, recogió estas inquietudes y radicó un proyecto de ley que generó bastante polémica. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos promulgó la ley en diciembre de 2017. Su articulado ordenaba al Ministerio de Educación conformar una comisión asesora antes de finalizar el primer semestre de 2018 a fin de que hiciera las recomendaciones para diseñar un currículum aplicable en Colombia.

Un experto cercano al proceso, que prefirió reservar su identidad, explicó que entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, historiadores y representantes del Gobierno de Santos se reunieron para construir el decreto que reglamentaría la comisión asesora. Pero, “a pesar de que estaba prácticamente listo, ese texto quedó en la nevera con la llegada del nuevo Gobierno. No era una prioridad”. En ese mismo sentido, Darío Campos, profesor de historia de la Universidad Nacional y miembro de la comisión, dijo que en su momento, la clase de historia no se materializó por falta de voluntad política.

Algo más de un año estuvo en el olvido esa reglamentación. Solo mediante una acción de cumplimiento, presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá en julio de 2019 por miembros de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se reactivó ese proceso. En respuesta al fallo a favor de la institución educativa, el Ministerio de Educación emitió, en septiembre, el Decreto 1660, que reglamentó la ley y estableció las condiciones para formar la comisión.

Para los historiadores consultados por SEMANA, ha faltado celeridad y diligencia en el proceso para implementar la Ley 1874. A pesar de esto, coinciden en que no es momento para lamentarse, y señalan que desde que el Gobierno conformó oficialmente la comisión, hay mayor voluntad de todas las partes para empezar a trabajar en el tema.

Hoy existen más incertidumbres que certezas sobre el regreso de la historia a las aulas. El presidente Iván Duque había destacado que para la celebración del bicentenario de la independencia era fundamental aplicar esta ley. Sin embargo, esto no ha sucedido. De acuerdo con la norma, la comisión tiene un plazo de dos años para ajustar los lineamientos curriculares. Eso significa que, si las cosas salen bien, la cohorte de niños y jóvenes del segundo semestre de este año vería las primeras clases de historia. Pero la cuestión no es fácil y podría tardar más tiempo.

El Ministerio de Educación estipuló que la comisión debe sesionar cada dos meses, hecho que no deja satisfechos a sus miembros. “Se necesita mayor celeridad del Gobierno para avanzar en restablecer la cátedra”, opinó Eduardo Durán, presidente de la Academia Colombiana de Historia y miembro de la comisión.

Hasta el momento la Comisión Asesora solo se ha reunido dos veces: el 2 de diciembre, cuando se posesionó formalmente, y el viernes 31 de enero, cuando discutió cuál será el papel de este órgano asesor en el que todavía no hay consenso. Unos miembros consideran que ellos deben crear los lineamientos que contendrá la cátedra de historia; otros piensan que lo debería hacer un grupo de expertos y que la comisión cumpla una función asesora. Sí coinciden en que el Gobierno mostró buenas intenciones al conformar la comisión, pero también en que por el momento esta no tiene las herramientas ni los recursos suficientes para cumplir los objetivos planteados.

Una muestra de lo anterior tiene que ver con los costos de los desplazamientos. Fuentes cercanas a la comisión le confirmaron a SEMANA que no cuenta con los recursos necesarios para los viajes de sus integrantes. Algunos de ellos han tenido que gastar de su propio bolsillo para asistir a las sesiones en Bogotá, y a otros les han cancelado los viajes, como ocurrió en la última reunión, en la que no pudieron asistir dos representantes suplentes.

Así las cosas, este tema no tiene una salida fácil. La comisión y el ministerio enfrentan el gran reto de responder preguntas como qué historia contar, cómo contarla, cómo fomentar la identidad nacional a partir de la diversidad étnica y cómo interpretar el conflicto armado en Colombia. Respuestas que pueden generar grandes controversias, oposiciones y disputas políticas.

Cabe recordar que hace un año el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez propuso un proyecto de ley para reglamentar la enseñanza de historia y política, y evitar el “adoctrinamiento de los niños y jóvenes” con ideas y hechos falsos. No prosperó porque no contó con el apoyo de su bancada. Pero este ejemplo pone de presente la profundidad de las controversias que pueden surgir alrededor de cómo contarles a los niños, por ejemplo, sobre los crímenes cometidos por representantes del Estado, la parapolítica, entre otros.

SEMANA consultó a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre el tema y dijo que, efectivamente, trabajan mancomunadamente con la comisión para sacar los lineamientos lo más pronto posible. “Para el Gobierno y nosotros como ministerio el desarrollo de estas competencias resulta de primer orden”, señaló Angulo. Ojalá esas buenas intenciones se mantengan para que el proyecto salga adelante y millones de niños y jóvenes puedan conocer la historia del país.