El aumento del salario mínimo y los cambios que traen las reformas laboral y pensional están obligando a las empresas a replantear su gestión del talento humano. El debate, que combina preocupaciones por los costos laborales, el empleo formal y la competitividad, fue uno de los ejes del 4.° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano, organizado por Foros Semana, en Bogotá, con el apoyo de Buk Software Integral de Recursos Humanos y Building Happiness by Buk, Colsubsidio y la alianza de Natura y Avon.
Voces de la academia, el ámbito jurídico y el sector empresarial analizaron temas como la jornada nocturna, los recargos dominicales y festivos, la priorización del contrato a término indefinido y la laboralización del contrato de aprendizaje, así como los posibles efectos de las nuevas reglas laborales sobre el mercado.
Por ejemplo, el incremento del salario mínimo impacta a cerca de 2,4 millones de trabajadores y, desde distintos sectores económicos, ya se ha advertido sobre el riesgo de una reducción del empleo formal como consecuencia de estos cambios.
Durante el foro también se presentaron cifras que reflejan la preocupación empresarial frente al nuevo contexto laboral. De acuerdo con un sondeo del sector, el 43 % de las empresas prevé no crecer en el corto plazo, el 41 % anticipa una contracción en la contratación y cerca del 9 % de los empleos estaría hoy en riesgo.
Ana Karina Quessep, presidenta de la Asociación Colombiana de BPO, afirmó que en el sector que representa, el aumento del salario mínimo del 23 por ciento les “cayó como un balde de agua fría en los presupuestos”. Además, advirtió que el 9 por ciento de los 790.000 empleos directos que genera el sector están en riesgo.
“Estamos revisando los procesos en productividad y automatización y cómo impulsar un reskilling para identificar nuevas oportunidades para estas personas dentro de las organizaciones. Es fundamental no perder empleos”, aseguró.
Quessep explicó que, al ser ese un sector 24/7, tendrá mayores afectaciones por los recargos nocturnos. “Hay que revisar cuáles son esos incentivos de los gobiernos locales y nacionales para poder mitigar esa alza que hoy limita la inversión en bienestar y crecimiento”, señaló.
Por su parte, Saida Quintero, abogada y directora del área laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, llamó la atención sobre el hecho de que no se ha terminado de implementar la reforma laboral “y ya tenemos un decreto sobre la contratación de aprendices y otro sobre negociación colectiva multinivel”, un escenario que impactaría directamente en la búsqueda del primer empleo de los jóvenes.
Según explicó, el aumento en los costos asociados a esta figura también está llevando a que algunas empresas revisen cómo cumplir la cuota de aprendices dentro de sus esquemas de contratación.
En contraste, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, señaló que, pese al aumento de los costos laborales, indicadores como la tasa de desempleo y la informalidad han mostrado mejoras, un comportamiento que calificó como “difícil de explicar” desde la perspectiva económica.
“El dato de enero indica que la tasa de informalidad bajó, porque ocupaciones típicamente informales perdieron participación”, aseguró.
También señaló que la informalidad laboral responde a factores estructurales, como la productividad y la formación del capital humano, por lo que no puede modificarse en el corto plazo únicamente mediante cambios normativos.
Avances y proyecciones
Frente a este panorama, Quintero recordó que la tercerización en Colombia está permitida por disposición legal, incluso en actividades permanentes de las empresas; sin embargo, un borrador de decreto podría limitar este último aspecto.
La abogada explicó que este debate ha cobrado relevancia en medio de los cambios regulatorios del mercado laboral, pues el decreto buscaría ajustar la forma en que las empresas tercerizan algunas actividades para evitar abusos en esta figura.
“Pero está siendo satanizada. Hay que estar muy atentos y hacer las cosas bien, sin abusar de la figura”, apuntó. Advirtió, además, que el proyecto contempla sanciones y medidas que podrían obligar a las empresas a contratar directamente algunas actividades que hoy realizan terceros.
Sobre las plataformas digitales, la abogada señaló que la reforma laboral permitió avanzar en su regulación y reconocer que puede haber tanto trabajadores subordinados como autónomos.
Quessep concordó con Quintero y aseveró que hay que estar alerta. “Se nos vienen cambios muy fuertes y lo que no se logró en una reforma laboral, lo han querido hacer a través de decretos que definitivamente ponen en riesgo la formalidad y la creación de empleo en el país”, advirtió.
Para la representante del sector BPO se está poniendo en riesgo lo que han venido construyendo en 25 años. “Colombia es el segundo país en Latinoamérica en BPO; primero va México, pero con los cambios las operaciones podrían migrar a Perú, Guatemala y República Dominicana, que ofrecen estructuras de costos más competitivas”, advirtió.
Frente a este escenario, explicó que el sector está apostando por estrategias como mejorar la productividad, impulsar la transformación tecnológica para automatizar procesos, migrar hacia modelos de servicios de mayor valor agregado, ampliar operaciones en distintas regiones del país y fortalecer el teletrabajo.
Para lograr un equilibrio entre la flexibilidad y la producción efectiva del trabajador, Quintero aseguró que la reforma laboral trae alternativas “interesantes e históricas que no todos están viendo”, como la posibilidad de cambiar el domingo por cualquier otro día de la semana y turnos de 36 horas semanales, medidas que podrían generar eficiencias operativas para algunas empresas.
Sobre el impacto de la reforma pensional en la formalización del empleo, Farné señaló que esta tiene aspectos positivos, aunque el principal reto es su financiación. Según el economista, sus efectos aún no están del todo claros. Desde su perspectiva, algunos trabajadores con empleos poco calificados o inestables podrían no tener incentivos para cotizar a pensión, “porque saben que, como sea, van a recibir 225.000 pesos”, aseguró.
Al cierre del panel, se destacó que el incremento del salario mínimo ha generado una “compresión salarial”, al reducir la distancia entre los sueldos más bajos y los inmediatamente superiores, lo que presiona las escalas dentro de las empresas.
Ante esta situación, varias áreas de recursos humanos han optado por fortalecer beneficios extralegales para compensar a trabajadores cuyos salarios quedaron cercanos a los de sus subalternos, revisar esquemas como el salario integral y, en algunos casos, evaluar la incorporación de tecnología para optimizar costos laborales.
En este contexto, los panelistas coincidieron en que el principal reto para las empresas será adaptarse a un entorno laboral en transformación, en el que los cambios normativos, el aumento de los costos laborales y la necesidad de mantener la competitividad obligarán a replantear estrategias de productividad, inversión tecnológica y gestión del talento humano.