Colombia tiene más de cinco décadas de relación con el banco. En ese tiempo, ¿cómo cambió la manera en que CAF entiende el desarrollo sostenible y el papel que debe cumplir la financiación para impulsarlo?
SERGIO DÍAZ-GRANADOS (S.D.): Colombia es un país fundador de CAF. A lo largo de estas casi seis décadas, hemos escrito juntos una historia de transformación. El banco nació en Colombia hace 58 años con la misión de impulsar la integración regional, y en 1972 financiamos nuestro primer proyecto de infraestructura: un puente sobre el río Limón para conectar a Colombia y Venezuela. Ese proyecto refleja una verdad que hoy es más vigente que nunca: el financiamiento bien dirigido acerca países, une territorios y abre horizontes de desarrollo.
La infraestructura, la conectividad, el fortalecimiento productivo y la generación de prosperidad siguen siendo los ejes que movilizan la acción, pero lo que ha evolucionado es nuestra comprensión de sus impactos y de lo que se necesita para que esos beneficios sean duraderos.
Hoy, más que nunca, el mundo necesita del financiamiento, el liderazgo y la determinación de los organismos multilaterales para enfrentar una serie de crisis y transiciones que presentan tanto desafíos como oportunidades.
Y en ese escenario, CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, se ha convertido en un caso de éxito regional: lo que comenzó como una cooperativa financiera de los países andinos, hoy es una institución con 25 países accionistas que avanza hacia convertirse en el banco de desarrollo con mayor presencia en la región.
Una carretera, una central eléctrica, un sistema de agua... son más que cemento, acero o proyectos aislados. Se trata de instrumentos que contribuyen a cerrar brechas, proteger ecosistemas estratégicos, fortalecer la economía, promover la integración y mejorar la vida de las comunidades. Esta evolución se refleja en el financiamiento.
En 2025, el 44 % de nuestras aprobaciones ya incorporaron criterios verdes. CAF asumió el compromiso de movilizar 40.000 millones de dólares hasta 2030, con la meta de que, al final de la década, la mitad de nuestro portafolio sea verde.
El verdadero valor del músculo financiero que CAF ha construido en estas décadas no está en los números, sino en su capacidad para traducir recursos y conocimiento en progreso tangible, en el cierre de brechas y en prosperidad compartida. Ese propósito sigue guiando cada decisión en nuestra relación con Colombia y con toda la región.
CAF anunció 9.000 millones de dólares para Colombia hasta 2030, el doble de lo desembolsado en los ocho años anteriores. ¿Cuál es la apuesta detrás de esos recursos y qué proyectos podrían marcar una diferencia en la transición sostenible del país?
S.D.: Esta representa la mayor apuesta financiera de CAF en Colombia y es, ante todo, una muestra de confianza en las posibilidades del país. El propósito es acompañar, entre 2026 y 2030, una etapa de transformación productiva y territorial que contribuya a elevar la competitividad, cerrar brechas y mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Esa transformación requiere actuar de manera articulada. Colombia necesita un sistema energético moderno, confiable y diversificado que responda a las necesidades de los hogares y las empresas, incorpore nuevas tecnologías y aproveche responsablemente sus recursos naturales.
Al mismo tiempo, debe fortalecer los corredores viales, ferroviarios y fluviales, el transporte multimodal, la logística y la movilidad urbana que conectan las regiones con los mercados, los servicios y las oportunidades.
Pero una economía más productiva necesita también territorios seguros, instituciones sólidas y personas con acceso efectivo a derechos y servicios esenciales. Por eso, la apuesta incluye el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y las instituciones de justicia, junto con inversiones en salud, educación, vivienda, formación de capacidades, agua y saneamiento.
Todo esto debe construirse con los departamentos, distritos y municipios. El fortalecimiento territorial permitirá combinar financiamiento, asistencia técnica y conocimiento para que las autoridades locales puedan estructurar mejores proyectos, movilizar recursos y conducir su propio desarrollo.
El objetivo es que los recursos se conviertan en proyectos bien estructurados, ejecutables y con resultados visibles. Queremos que esta apuesta se traduzca en mayor productividad, mejores servicios, empleo, seguridad y nuevas oportunidades para los colombianos.
Una parte importante de los recursos anunciados llegará a alcaldías y gobernaciones. ¿Qué tan preparadas están las regiones para diseñar y ejecutar proyectos de sostenibilidad y adaptación climática? ¿Qué papel debe desempeñar CAF para fortalecer esas capacidades?
S.D.: Las capacidades de los territorios colombianos son muy distintas. Algunas ciudades y departamentos cuentan con equipos técnicos consolidados, capacidad financiera y proyectos que pueden avanzar rápidamente. Otros tienen prioridades claras y un enorme potencial, pero requieren mayor apoyo para preparar estudios, estructurar inversiones y fortalecer su gestión.
En todos los casos, los gobiernos subnacionales desempeñan un papel fundamental. Las alcaldías y gobernaciones son la primera línea del Estado frente a muchas de las necesidades que afectan la vida cotidiana de las personas.
Allí se prestan servicios esenciales y se toman decisiones sobre movilidad, agua, vivienda, espacio público, gestión ambiental y adaptación climática.
Por eso, el acompañamiento de CAF debe responder al punto de partida de cada territorio. Somos el banco de los gobiernos locales y regionales. En aquellos que cuentan con mayores capacidades podemos contribuir a movilizar inversión, desarrollar instrumentos financieros más sofisticados y ampliar la escala de sus proyectos.
En otros, el trabajo debe comenzar con la preinversión, los estudios y diseños, el fortalecimiento institucional y la preparación de iniciativas que puedan convertirse en soluciones financiables.
Colombia ya muestra avances importantes. Entre 2020 y 2025, CAF conformó una agenda subnacional por cerca de 450 millones de dólares. Esta incluye el acompañamiento a ciudades y departamentos en la financiación de sus planes de desarrollo y la participación como inversionista ancla en el bono verde internacional de Bogotá, una operación que permitió movilizar recursos hacia proyectos de movilidad sostenible.
El propósito es que alcaldías y gobernaciones cuenten con las herramientas necesarias para transformar sus prioridades en proyectos ejecutables y resultados concretos para la población.
CAF pasó de ser una institución reconocida principalmente como un banco de infraestructura a posicionarse como un banco de desarrollo sostenible. ¿Qué tuvo que cambiar internamente para que esa transformación fuera real y no solamente un cambio de narrativa?
S.D.: CAF es una institución creada y dirigida por los países. Somos una alcancía a su servicio. Nuestra acción está soportada en dos mandatos, dos pilares fundamentales: trabajar por el desarrollo sostenible y promover la integración regional.
Se trata de una sombrilla que comprende un portafolio amplio y creciente, soportado por un músculo financiero sólido.
Proteger ecosistemas estratégicos, aprovechar de manera sostenible los activos ambientales, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y cerrar brechas sociales es hablar de desarrollo sostenible.
En igual sentido, aprovechar las oportunidades derivadas de la triple transición verde, digital y energética equivale a impulsar una integración efectiva en la región.
Todo este trabajo responde a las prioridades que nos fijan nuestros países accionistas, y ha implicado transformaciones institucionales que nos permiten ser más eficientes, más flexibles e innovadores.
Los bancos multilaterales enfrentan un escenario internacional más complejo para financiar la agenda climática. ¿Qué papel debe asumir CAF para cerrar la brecha de financiamiento que existe en América Latina?
S.D.: Nuestra estrategia de ser un banco verde, que provee una oferta técnica y financiera a una región que enfrenta desafíos pero que a la vez aporta soluciones, está arraigada en las necesidades de los países y en la confianza del Directorio.
Si bien el contexto geopolítico puede incidir en la gobernanza de los bancos multilaterales, en CAF continuamos trabajando en pro de un desarrollo de bajas emisiones, resiliente al cambio climático y acorde con la conservación de la biodiversidad.
Por otra parte, no todas las brechas son iguales: unas tienen que ver con el acceso al financiamiento, otras con la calidad de los flujos financieros y otras con la capacidad institucional para absorberlos.
En CAF, facilitar el acceso al financiamiento y asegurar que los flujos financieros promuevan un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones son ámbitos de trabajo consolidados.
Algunos ejemplos de cómo estamos actuando en distintos frentes son la acreditación con los principales fondos ambientales y climáticos –el Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo de Adaptación y la Facilidad Global de Ambiente (GEF)–, lo que faculta la movilización de recursos concesionales reembolsables y no reembolsables.
También promovemos el acceso al financiamiento y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales mediante la Red de BiodiverCiudades de América Latina y el Caribe, e impulsamos la movilización de recursos privados para el financiamiento de operaciones con impacto verde y social.
Adicionalmente, facilitamos el acceso a los mercados de capital, ya que CAF posee un marco de emisiones sostenibles alineado con los principales estándares internacionales. En los últimos años, el programa de fondeo de CAF y sus correspondientes emisiones temáticas verdes, azules y de resiliencia climática se han posicionado en distintos mercados bursátiles a nivel global.
En mayo de 2026, por ejemplo, emitimos nuestro mayor bono verde por 1.000 millones de euros, y la demanda superó los 10.400 millones de euros, logrando una sobresuscripción de más de diez veces.
Y estamos desplegando mecanismos innovadores, como el canje de deuda por naturaleza para el río Lempa, en El Salvador, el más grande hecho en la historia y el primero para un río, que consistió en la recompra de cerca de 1.000 millones de dólares en bonos, que generaron ahorros por más de 350 millones de dólares para invertir en la conservación y recuperación de este ecosistema.
Si mira los próximos diez años, ¿cuál es la decisión más importante que Colombia debe tomar para que su transición hacia un modelo de desarrollo sostenible sea exitosa?
S.D.: La decisión de fondo será consolidar una estrategia de transformación productiva que permita convertir las ventajas competitivas, energéticas, productivas y naturales de Colombia en mayor productividad, valor agregado, empleo y bienestar para la población.
El país cuenta con una combinación excepcional de biodiversidad, agua, capacidad agroalimentaria, fuentes de energía y territorios con un enorme potencial. Sin embargo, la abundancia de recursos no garantiza por sí sola el desarrollo. La oportunidad está en combinar esos activos con conocimiento, tecnología, infraestructura y capacidad empresarial para producir bienes y servicios de mayor valor.
Desde esa perspectiva, la sostenibilidad no aparece como una agenda separada de la economía. La transición energética, la adaptación climática, la bioeconomía, la digitalización y la economía circular pueden abrir nuevas posibilidades de inversión, productividad y empleo.
La protección del capital natural forma parte de esa misma visión, porque de él dependen la disponibilidad de agua, la producción de alimentos, la generación de energía y la resiliencia de los territorios.
Esa transformación también puede ampliar las oportunidades para las regiones, mejorar la calidad del empleo y permitir que las comunidades participen de los beneficios generados a partir de sus territorios y de los recursos que han contribuido a preservar.
Un proceso de esta magnitud requiere continuidad, reglas claras e instituciones capaces de sostener una dirección de largo plazo. También demanda acuerdos que generen confianza, movilicen inversión y permitan articular los esfuerzos del Estado, el sector privado, las regiones, la academia y las comunidades.
Colombia tiene una matriz eléctrica con una alta participación de fuentes bajas en carbono, pero sigue siendo vulnerable a fenómenos climáticos extremos como El Niño. ¿Cómo debe prepararse el país para que la transición energética también sea una transición hacia mayor resiliencia?
S.D.: Colombia parte de una condición favorable: cuenta con una matriz eléctrica relativamente limpia y con recursos que le permiten ampliar la participación de nuevas fuentes de energía.
Al mismo tiempo, el peso de la generación hidroeléctrica hace que el sistema sea especialmente sensible a la disponibilidad de agua y a fenómenos climáticos como El Niño.
La transición debe responder a esa realidad. No se trata de abandonar una fortaleza que el país ha construido durante décadas, sino de complementarla con otras fuentes, incorporar nuevas tecnologías y reducir la exposición a un solo tipo de riesgo. Cada país debe definir su ruta de acuerdo con sus recursos, sus capacidades y las necesidades de su población.
La resiliencia tampoco depende únicamente de la generación. Requiere redes de transmisión y distribución capaces de incorporar nuevas fuentes, llevar la energía a los territorios y mantener la calidad del servicio.
La reducción de pérdidas y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica son tan importantes como la entrada de nuevos proyectos.
A ello se suma la gestión del agua. Las sequías, las inundaciones y la creciente variabilidad climática afectan la generación de energía, pero también la producción de alimentos y el funcionamiento de las ciudades.
Proteger las cuencas, mejorar la gestión del recurso hídrico y anticipar escenarios climáticos más exigentes contribuye, por tanto, a fortalecer la seguridad energética.
Esta transición también debe ayudar a cerrar las brechas de acceso y calidad que todavía existen. La energía debe llegar de manera confiable a los hogares y a las empresas, sin que los costos de la transformación recaigan de manera desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables.
Una transición justa puede, además, atraer inversión, elevar la productividad y generar nuevas oportunidades de empleo.
Ese enfoque ya se refleja en el acompañamiento de CAF al sector energético colombiano. El banco ha respaldado planes de inversión por cerca de 680 millones de dólares, orientados a fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la confiabilidad del suministro y reducir pérdidas técnicas en distintas regiones del país.
La transición será más resiliente en la medida en que combine una matriz más diversificada con redes sólidas, una mejor gestión del agua y un servicio accesible y confiable.
El objetivo es que la reducción de emisiones avance junto con la seguridad energética y con mejores condiciones para la población y la actividad productiva.