Colombia intenta proteger de la minería al páramo de Santurbán en estrados internacionales

Colombia podría salvarse de pagar más de 736 millones de dólares a la empresa canadiense Eco Oro. Eso dependerá de la decisión que se genere del proceso de arbitraje solicitado por esa compañía, el cual hace trámite en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, con sede en Washington.

La defensa jurídica del Estado es optimista. Cree con las pruebas y argumentos presentados no solo logrará proteger el Páramo de Santurbán de la extracción minera, sino también el presupuesto de la Nación al término de este caso, que comenzó en 2016 cuando los inversionistas que integraban esa firma minera decidieron demandar internacionalmente al país, tras considerar que hubo una "expropiación indirecta e ilegal", así como "un trato injusto y no equitativo" de parte del Estado colombiano en el contrato de concesión del proyecto llamado Angostura, un yacimiento de oro y plata ubicado en inmediaciones del páramo. La empresa sostiene, además, que tiene un derecho adquirido, avalado por un tratado de libre comercio que fue firmado en 2008 con Canadá. 

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"Este es si duda el precedente internacional más importante que se va a sentar en defensa de los páramos colombianos (...). Aquí está en juego más que un simple título minero, la defensa del agua y del ecosistema que implica un páramo tan importante como el de Santurbán", indicó Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la W, quien informó que la audiencia se llevó a cabo durante la última semana de enero de 2020.

El abogado señaló que la estrategia de defensa que utilizó el país se basó en demostrar cómo la compañía desconoció algunas normas que protegen los páramos colombianos. "Hicimos un esfuerzo muy importante y la defensa del páramo fue muy fuerte. Creemos que el tribunal en este caso va a dar una decisión favorable, pues demostramos que las normas colombianas, no posteriores a los títulos mineros ortorgados, sino anteriores, sí protegen decididamente esta clase de ecosistemas", manifestó.

_{El páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Santander y Norte de Santander en una superficie de 142.610 hectáreas. Foto: archivo/Semana.}

Gómez se refirió al argumento usado por los demandantes que hace referencia a la expropiación, asegurando que ninguna norma de protección ambiental implica esa figura. De igual forma, sostuvo que en el mismo tratado firmado con Canadá quedó especificado que no se permitiría la explotación de los páramos de Colombia.  

"El título minero per se (por sí mismo) implica que para llegar a una etapa de explotación se debe contar, entre otros requisitos, con licencias ambientales, es decir, el solo título no le otorga a las empresas el derecho a la explotación. Ahí existen unas diferencias grandes en el tema legal que es importante que se entiendan. Creo que las normas constitucionales colombianas soportan esa proyección que estamos defendiendo en los tribunales internacionales y los priopios nacionales", expresó.  

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado espera que la decisión del arbitraje se produzca antes de terminar el primer semestre de este año. 

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"Si el laudo arbitral o fallo sale en contra, Colombia no tendría otra instancia a la cual acudir, pues no existe una entidad superior al Ciadi en el tema de arbitramento", comentó Carlos Lozano, abogado y ambientalista. 

El experto considera que más allá del fondo jurídico, hay que darle a este tema una lectura política. "La discusión de fondo es qué implica que Colombia haga una cesión de soberanía al someterse a este tipo de mecanismos (arbitraje) donde no puede tomar decisiones de interés público respecto a la conservación ambiental; es un flanco de vulnerabilidad para el Estado colombiano para llevar adelante políticas que son legítimas", apuntó.

Para Lozano también es importante analizar las implicaciones que esto puede traer para la política ambiental del país. "Si los condenan seguramente el Estado va a quedar paralizado para tomar decisiones de conservación ante las acciones jurídicas de las mineras", apuntó. 

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El abogado considera indispensable que haya una revisión de la política de concesión de títulos en el país, al igual que de la coordinación entre instituciones para no generar a futuro este tipo de reclamaciones.  

"Si el país va a someterse a esas reglas debe revisar bien antes de otorgar los títulos mineros. El origen de todo este problema no es la delimitación de los páramos, sino la concesión de los títulos donde no deberían. Si el Gobierno no hubiera concedido esos títulos no estaríamos hoy con este problema", recalcó Lozano, quien señaló que en una época se concedían títulos simplemente con la cédula.

_{¿Así empezó este lío jurídico?}