En los últimos años, en Colombia hemos empezado a discutir la ‘transición energética’ como si el problema central fuera sustituir una tecnología por otra, en este caso la térmica por eólica, solar, entre otras. Ese es un error conceptual. El sistema eléctrico no existe para cumplir metas ideológicas ni para lucir bien en discursos: existe para garantizar energía con calidad y a precios competitivos. Esa debería ser la prioridad. Todo lo demás es instrumental.
El país no enfrenta hoy un dilema entre ‘limpio’ y ‘sucio’. De hecho, según un estudio elaborado por The London School of Economics para el Ministerio de Energía, Colombia ya tiene una de las matrices más limpias del mundo, pues representa cerca del 0,54% de las emisiones globales de gases con efecto invernadero. Incluso, si se hicieran esfuerzos heroicos, su impacto sobre el problema climático global sería marginal. La verdadera solución recae sobre las grandes economías, donde un ciudadano emite en promedio siete veces más CO₂ al año que un colombiano.
Eso no significa que Colombia no deba hacer nada. Significa que su política energética debe ser inteligente y adaptada a nuestra realidad, no simbólica. La discusión real es otra: ¿Cómo garantizar seguridad energética en un contexto de crecimiento de la demanda, variabilidad climática y presión sobre los precios? Aquí hay dos objetivos ineludibles: tener energía siempre disponible y mantener precios competitivos.
Para lo primero, el sistema necesita generación gestionable. La solar y la eólica son fundamentales para diversificar, pero son, por definición, intermitentes. Producen cuando hay sol o viento, no cuando el país lo necesita. Y esto, repito, no es un juicio ideológico: es física.
En nuestro territorio, la única renovable que hoy puede entregar energía limpia, continua y controlable es la hidroeléctrica, y en ese segmento, las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y las Plantas a Filo de Agua (RoR) son una gran opción que hasta el momento ha sido desaprovechada, e incluso invisibilizada.
Hoy estas plantas ya aportan una parte relevante del sistema, con más de 130 proyectos en operación y miles de gigavatios/hora al año, con impactos ambientales localizados y controlables menores frente a otras alternativas de generación. Esto tiene un efecto económico adicional poco mencionado: cerca del 70% de su inversión es obra civil ejecutada en regiones, acompañada de empleo y desarrollo local.
El potencial es enorme
Solo en PCH, el país podría aumentar en cerca de un 50% la capacidad instalada actual con proyectos ya identificados el alcance supera con creces los 10 GW. Esto no requiere cambios constitucionales. Requiere gestión pública y reglas que funcionen. Pero el sistema hoy está haciendo lo contrario: pone barreras donde debería abrir puertas.
Tenemos la ‘energía atrapada’: proyectos listos o en desarrollo que no se pueden conectar porque la red no llega a tiempo. Tenemos trámites ambientales impredecibles que duplicaron los tiempos de maduración de 3-5 años a 8-10. Y tenemos un marco regulatorio que sigue tratando igual a tecnologías que no cumplen el mismo rol en el sistema.
El segundo gran objetivo es el precio. Aquí hay una verdad económica básica: los precios solo bajan con la competencia. Si queremos energía más barata, necesitamos más proyectos de más agentes, en más regiones. No solo de los actores tradicionales del mercado. La diversificación no es solamente tecnológica: es geográfica y de escala. Tampoco se trata de reemplazar los grandes embalses, que siguen siendo estratégicos. Se trata de complementarlos con cientos de proyectos pequeños y medianos distribuidos por toda la geografía.
La verdadera respuesta es no apostar a una sola tecnología, no concentrar la generación en pocos puntos, no depender de pocos jugadores. Las PCH y las Plantas a Filo de Agua no son un nicho. Son una pieza estructural de un sistema moderno, resiliente y competitivo. Son el puente que permite que la solar y la eólica crezcan sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.
La transición energética no es un concurso de popularidad tecnológica. Es un problema de ingeniería, economía e institucionalidad. Y sobre todo, exige realismo.
*Por: Directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA).