En la jornada electoral del pasado 8 de marzo, Colombia no solo renovó su Congreso; también puso a prueba la capacidad de su sistema para incluir al que es su votante ‘más juicioso’. Con un censo electoral que alcanza los 41,2 millones de ciudadanos, el peso de los adultos mayores tiene una participación del 20 % aproximadamente, según cifras del DANE, lo que quiere decir que uno de cada cinco votantes entra en este grupo.
Para Floralba Padrón Pardo, directora del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita (Universidad Externado de Colombia) y directora del observatorio de agenda legislativa y asuntos electorales, el adulto mayor representa el perfil votante más activo y juicioso del país. Sin embargo, Padrón advierte que la complejidad de la tarjeta electoral, saturada por la cantidad de opciones en las votaciones legislativas, se convirtió en un obstáculo para la autonomía de este grupo.
Padrón señala que el reto institucional no es solo logístico, sino dignificante. “Lo que debemos hacer es activar sistemas para que las mesas con las cédulas de las personas adultas mayores tengan más apoyo sin caer en discursos de incapacidad”.
La realidad en el puesto según la MOE
A pesar de los protocolos de atención prioritaria, la Misión de Observación Electoral (MOE) documentó una brecha entre la norma y la práctica. En su informe de cierre de jornada, la organización reveló datos preocupantes sobre la accesibilidad física.
- El 22 % de los puestos observados no contaba con condiciones adecuadas de movilidad para personas con discapacidad o adultos mayores.
- En el 14 % de los puestos, los observadores no pudieron identificar cubículos con ajustes razonables que garantizaran el secreto del voto.
- La complejidad del proceso se reflejó en el escrutinio, donde el 20 % de las mesas requirió procedimientos de nivelación de votos, un incremento respecto a ciclos anteriores.
Además, la “ayuda” al elector se movió en una línea gris. La MOE recibió 140 reportes por irregularidades en la libertad del voto, incluyendo casos donde acompañantes o jurados indujeron el sentido del sufragio dentro del cubículo bajo la premisa de asistencia técnica.
Desde la otra orilla, el Registrador Nacional, Hernán Penagos, defendió la integridad del proceso, calificando un posible fraude como “técnicamente imposible”. Penagos enfatizó que el sistema descansa en un ejército de 860.000 jurados ciudadanos y no exclusivamente en la entidad.
Ante las inconsistencias reportadas en las actas y la logística, el Registrador explicó que “se pueden cometer errores, somos humanos, pero no fraudes ni delitos”. Para la entidad, la magnitud de coordinar 125.200 mesas en 13.490 puestos explica las dificultades operativas en una jornada masiva de tan solo ocho horas, refiriéndose a las pasadas elecciones legislativas.
A medida que el país se prepara para las rondas presidenciales, la pregunta que queda en el aire es si la organización electoral logrará transformar la “asistencia” en autonomía, permitiendo que el voto del adulto mayor en Colombia se ejerza con las garantías y facilidades que requieren este sector poblacional.