Fundar una institución educativa privada en Colombia no es un acto improvisado ni un negocio de ocasión. Detrás del nacimiento de un colegio hay estudios previos, análisis financieros, cumplimiento de normativas estrictas y una larga lista de requisitos que comienzan incluso antes de abrirle la puerta al primer estudiante. Certificados de uso del suelo, licencias de construcción, adecuación de espacios, pagos de impuestos, permisos sanitarios, infraestructura, seguridad, contratación de personal calificado y obligaciones tributarias permanentes que hacen parte de una estructura construida con planeación, vocación y un profundo compromiso social.
Quienes decidimos dedicar nuestra vida a la educación privada lo hacemos con la convicción de prestar un servicio esencial para el país. No solo formamos estudiantes, sino que también sostenemos empleos, cuidamos procesos pedagógicos, acompañamos familias y respondemos a exigencias del Estado que, con justa razón, buscan garantizar calidad. Sin embargo, esa responsabilidad implica una carga económica constante que debe ser sostenible en el tiempo.
Desde 2020, en plena pandemia, he sido testigo de una realidad silenciosa pero contundente: el cierre progresivo de instituciones educativas privadas en Colombia. Colegios que no lograron sostenerse económicamente dejaron no solo edificios vacíos, sino comunidades fracturadas, docentes desempleados y familias sin opciones educativas cercanas.
En este contexto, es necesario dimensionar el tamaño y el peso real del sistema educativo en Colombia. El país cuenta con más de 53.000 establecimientos educativos, entre oficiales y privados, según registros del Ministerio de Educación Nacional y análisis sectoriales. Cerca del 80 por ciento corresponden a instituciones oficiales y alrededor del 20 por ciento a colegios privados, ambas cifras cumplen un rol fundamental en la cobertura de zonas urbanas y en la atención a poblaciones diversas.
A esto se suma una realidad menos visible: millones de niños y niñas permanecen fuera del sistema educativo formal, muchos de ellos atendidos de manera informal en hogares de cuidado, procesos comunitarios o esquemas alternativos que también cumplen una función social. Es así como la desaparición progresiva de instituciones privadas sobrecarga al sistema oficial y deja sin alternativas a familias que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
La calidad educativa en Colombia se mide, en gran parte, a través de los resultados en las pruebas de Estado Saber 11. En muchos municipios y departamentos, los promedios más altos suelen concentrarse en instituciones educativas privadas. Esta diferencia no puede entenderse como una competencia entre sectores, sino como el reflejo de contextos profundamente desiguales. Los colegios privados, en general, atienden poblaciones con mayores condiciones de estabilidad, acceso a recursos, acompañamiento familiar y continuidad académica, factores que inciden directamente en el desempeño evaluado.
Esto no demerita el trabajo del sector oficial, que asume la mayor carga social del país, pero también es una incongruencia ignorar que el sistema educativo funciona como un ecosistema interdependiente.
Hoy, frente al anuncio de un nuevo incremento del salario mínimo, la preocupación se agudiza. La educación privada se encuentra en una paradoja compleja: por un lado, es tratada como empresa; por otro, se le exige operar como un servicio público obligatorio, sin que tengamos mecanismos de protección, alivio o acompañamiento financiero.
El incremento salarial del 23 por ciento para 2026 contrasta drásticamente con los topes de aumento autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, que para este año se sitúan en un máximo del 9,1 por ciento. Esta brecha de más de 13 puntos porcentuales pone en riesgo la sostenibilidad de instituciones cuyo principal costo es la nómina docente y administrativa.
Este desfase ubica a las instituciones privadas en una situación crítica. No se trata de negarse a pagar mejores salarios, sino de una imposibilidad estructural para equilibrar ingresos regulados con egresos crecientes. La consecuencia inmediata es una presión directa sobre la sostenibilidad institucional.
Aquí emerge una preocupación aún más profunda: la calidad educativa. El maestro es un profesional altamente cualificado, responsable de formar a los ciudadanos del presente y del futuro. Sus salarios, con justa razón, están por encima del mínimo legal. Sin embargo, cuando las instituciones no logran sostener estos costos, se enfrentan a una decisión que ningún educador debería tener que tomar: pagar por debajo de lo justo o contratar personal no profesionalizado.
A esto se suman las instituciones que cubren necesidades educativas específicas, las cuales exigen atención personalizada, acompañamiento constante y equipos interdisciplinarios. En este punto cobra especial relevancia la implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), establecido en el Decreto 1421 de 2017, como mecanismo para garantizar el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad.
La implementación real del PIAR supone procesos de caracterización individual, adecuaciones curriculares, ajustes metodológicos y evaluativos, así como un seguimiento permanente. Además, exige la contratación o articulación de profesionales especializados como psicólogos, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales y docentes de apoyo, junto con la formación continua de los maestros. Todo ello representa una carga profesional, administrativa y financiera significativa para las instituciones educativas, particularmente para las privadas, que no reciben recursos adicionales para asumir estas responsabilidades.
La pregunta entonces debe partir sobre cómo garantizar que ese aumento no termine debilitando a un sector que también cumple una función social esencial. Sin sostenibilidad económica, no hay empleo digno ni calidad educativa ni inclusión.
Desde la educación privada hacemos un llamado a una reflexión integral. Necesitamos políticas que reconozcan la doble naturaleza de nuestras instituciones: empresas responsables y, al mismo tiempo, actores fundamentales del sistema educativo nacional. Proteger a los trabajadores y proteger a las instituciones no son caminos opuestos: son condiciones necesarias para construir un país más justo.
Por Elizabet Barrera, fundadora y rectora del Liceo Lunita de Chía, Cundinamarca
